En una polémica presentación oficial ante un foro de las Naciones Unidas, el Gobierno argentino pidió formalmente al Consejo de Derechos Humanos que acompañe las distintas medidas con las que busca reformar a la justicia, tales como los juicios políticos contra la Corte Suprema.
Fue durante la presentación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde los países miembro presentan el llamado Examen Periódico Universal (EPU). Allí el Gobierno leyó un controversial informe en el que denuncia el “lawfare” en el país, carga contra los medios y la oposición y acusa a la Justicia de “perseguir” líderes populares.
A quien le tocó exponer fue al secretario de Derechos Humanos, el kirchnerista Horacio Pietragalla, que viajó a Ginebra para leer un informe de casi 30 páginas, donde habla de “discursos de odio” en redes sociales y medios de comunicación, y los vincula con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner ocurrido en septiembre del año pasado.
Allí comenzó con un duro discurso, donde cargó contra el Poder Judicial e incluso lo comparó con el accionar de la última dictadura militar al hablar del “lawfare”.
“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, sostuvo Pietragalla, antes de afirmar que “el lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos”.
“El único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”, lanzó.
En esa línea puso como ejemplo de persecución a la vicepresidenta Cristina Kirchner, recientemente condenada por causas de corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
“Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, cuestionó el Secretario de Derechos Humanos.
Y agregó: “Mientras se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población”.
Incluso mencionó la situación de Milagro Sala, a quien consideró que está detenida de manera “arbitraria”. “El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
El ataque contra al Corte
El funcionario también sostuvo que los organismos de derechos humanos de Argentina “apoyen el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de la Justicia” ya que -argumentó- “la pérdida de credibilidad del máximo tribunal implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
E incluso pidió al Consejo de Derechos Humanos que acompañe las distintas medidas del reformar la justicia, argumentando que está “en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
“Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativa que procuren fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho del país”, agregó.
