Recién arrancado el año, el sector empresario ya comienza a planificar cómo será el 2025. Se ilusionan con un repunte del consumo, que en algunos rubros ya comenzó a visualizarse, pero a los fabricantes les preocupan las importaciones y los altos costos argentinos que hacen inviable la sana competencia.
En este contexto, asado mediante, un grupo de industriales empresarios de distintos sectores se quejaron por los altos impuestos y tasas municipales y advirtieron que están cerrando sucursales por los aumentos. La convocatoria fue realizada por los jóvenes empresarios que conducen el podcast La Fábrica, quienes se caracterizan por entrevistar a dueños de empresas para que cuenten sus historias y cómo viven la realidad económica actual.
En esta oportunidad, no se trató sólo de una entrevista, sino que la propuesta fue dialogar con varios de ellos mientras degustaban un rico asado. Asistió el dueño de Diarco, Roberto Goldfarb, quien aseguró que por los altos costos y las tasas ya cerró la sucursal en un municipio y está por hacer lo mismo en otra jurisdicción. “¿Ustedes saben que hay municipios que, aparte de cobrar una tasa altísima, después en cada uno de los servicios cobran otras tasas? Hay un municipio que está cobrando un impuesto del COVID”, se quejó.
Recientemente, la cadena de supermercados y mayorista cerró sucursales en Sáenz Peña, Chaco; en Lanús, provincia de Buenos Aires; y en Concordia, Entre Ríos. Como resultado, decenas de trabajadores fueron despedidos.
Además de la problemática de las tasas, Goldfarb subrayó la baja de las ventas durante el último año: “El consumo está pegando mal, está bien bajo comparado con los consumos habituales que teníamos años anteriores; no lo comparo con el año pasado porque era una locura. Durante el segundo trimestre del año pasado, y parte del inicio del tercer trimestre, por ejemplo, mi empresa estaba en cantidad de unidades más o menos un 25% abajo respecto del año previo, con la suba de costos terribles que estábamos teniendo. Y en este momento estamos entre un 13% y 15%, según la zona”.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) ya habían advertido que “desde la salida de fábrica hasta la venta al consumidor final, los impuestos en cascada representan casi el 49% del precio de los productos”. Es decir, de cada $1.000 que vale un producto, $490 son impuestos.
Diego Fenoglio, dueño de Rapanui, fue otro de los participantes del encuentro de La Fábrica Podcast: “Tengo un margen de entre un 8% y 10% de rentabilidad. Si me meten un impuesto arriba de eso, de un 5%, lo traslado a precios. Siempre el que paga los impuestos es el consumidor. Es una cosa absurda lo que están haciendo intendentes y gobernadores; están poniendo impuestos para salvarse ellos”. Además, relató que hay un montón de ciudades que le ofrecen abrir sucursales y lo primero que mira son los impuestos que le quieren cobrar.
Por su parte, Sol Rodríguez, desde Sinteplast, manifestó: “Estábamos hablando de lo importante que es exportar y tenés un impuesto que es el derecho a la exportación, es un desincentivo absoluto”. Y Javier Madanes Quintanilla, titular de Aluar, agregó: “Es el único país en el mundo, desde septiembre del 2018″. Compararon a la Argentina con China, país en el que observaron que se les paga a los empresarios por exportar.
Cabe recordar que el Gobierno ya había tomado medidas en torno a la problemática impositiva en los municipios, cuando prohibió que proveedores de servicios públicos incluyan en sus facturas el cobro de todo tipo de tasas que no tengan que ver con el servicio que se ofrece. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había invitado “a todos los intendentes a que busquen una manera de golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa, y no a través de las facturas de servicios públicos”.
Tras la oficialización de la norma, la Secretaría de Industria y Comercio imputó a 95 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor. Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, luego de haber recibido denuncias al correo electrónico habilitado desde fines de octubre, denunciatufactura@comercio.gob.ar. Ya se ingresaron casi 3.000 reclamos.
Los intendentes sostienen que el cobro de tasas a través de las facturas de servicios básicos es una práctica establecida en varios municipios y responde a una necesidad de financiamiento para áreas como seguridad, alumbrado público y espacios verdes.
Reclamo por la tasa vial
Asimismo, el equipo legal del Gobierno demandó semanas atrás ante la Corte Suprema de Justicia al Municipio de Lomas de Zamora, que conduce el justicialista Federico Otermín, que tiene una de las tasas viales más altas. Se trata de un cargo que se fija sobre el precio del litro de combustible y que, según las autoridades, es ilegal.
Las tasas en los municipios del conurbano oscilan entre el 1,5% y el 2,5%. Los que más cobran con Merlo, Pilar y Moreno, con 2,5%. Luego, con 2%, le siguen Ituzaingó, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y San Vicente. Hurlingham cobra el 1,5% y José C. Paz, el 1%.
