La implementación del sistema procesal acusatorio para la justicia penal federal les dará a los fiscales la responsabilidad de llevar adelante la investigación en delitos como corrupción, narcotráfico, lesa humanidad, trata de personas y lavado de activos. Presentarán el caso ante los jueces, en el marco de audiencias orales y públicas.
Para poder implementarlo, el Poder Ejecutivo debe mandar al Senado más de 200 pliegos para ocupar cargos vacantes en la Justicia, a los que hay que sumarles las vacancias en la Procuración y en las Defensorías. Esos pliegos deberán luego ser tratados por el Senado. En este caso por la Comisión de Acuerdos, que encabeza la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri.
La mora en la normalización de la justicia no es nueva, hay juzgados con vacantes desde hace más de diez años. El senador Maximiliano Abad afirmó: “Es un problema estructural, que evidencia la falta de acuerdos en la Argentina. Esto provoca demoras inaceptables y pone en riesgo dos aspectos esenciales de la República: el acceso equitativo a un servicio de justicia eficiente y la capacidad del poder judicial de ejercer contrapesos frente al Ejecutivo y el Congreso”.
La implementación del Código Procesal Penal de la Nación, sancionado por el Congreso en el 2015 (Ley 27.150), no se puso en práctica en todo el país. Desde el Poder Judicial, como desde el Legislativo, hay reclamos hacia el ministerio de Justicia, que quedó a cargo de su implementación.
El senador radical Maximiliano Abad presentó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo solicitando conocer de qué manera se está llevando a cabo esta implementación del nuevo Código. Abad lo fundamentó en que “significó un cambio de paradigma en la administración de justicia penal, al consagrar un modelo acusatorio que prioriza la oralidad, la publicidad de los actos procesales, la simplificación de los procedimientos, y la concentración y celeridad en la tramitación de las causas.
La normativa estableció que su implementación sería progresiva, quedando inicialmente en manos de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF, organismo de carácter parlamentario, quien debía definir el cronograma de implementación para su entrada en vigor en todo el país”, planteó el bonaerense.
La Cámara Federal de Casación Penal en su última acordada le solicitó al ministerio de Justicia una “previsión responsable para garantizar la implementación del Código Procesal Penal”.
Los magistrados le solicitaron al ministro Mariano Cúneo Libarona recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos”.
En la presentación, Abad hace referencia a las respuestas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto a la implementación de este y la adecuación de los recursos necesarios. “Hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha invertido más de 4.771.156.553 pesos en adecuaciones edilicias, recursos tecnológicos para el desarrollo de investigaciones y capacitaciones”, señaló la jefatura de Gabinete.
Y agregó: “Cabe señalar que, merced al trabajo conjunto con las autoridades de universidades de todo el país, el ministerio de Justicia ha iniciado el proyecto de instalar salas de simulación de prácticas profesionales en universidades públicas de todo el país. A la fecha se han inaugurado este tipo de salas en 20 universidades nacionales y 4 están próximas a inaugurarse”.
También en las respuestas entregadas por la jefatura de Gabinete se informó “que la implementación se compone de cuatro etapas, siendo el último seguimiento y monitoreo. Prevé que los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales involucrados en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal podrán solicitar su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, de acuerdo con las reglamentaciones que estos organismos dicten a tal efecto; y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura deben garantizar que los traspasos se realicen junto a la transferencia de los cargos y previsiones presupuestarias correspondientes.”
También el legislador hizo referencia al acceso a la información sobre la marcha de la implementación, “entre las atribuciones que tenía la Comisión Bicameral se encontraba la de garantizar el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación”, función que actualmente no se está cumpliendo de forma cabal y para hacer cumplir este precepto jurídico es que necesario solicitar correctamente está información”.
Ante la decisión del presidente Javier Milei de no tratar el presupuesto 2025, el Congreso desconoce las partidas presupuestarias destinadas para la implementación del Código. Abad reflexionó que “una incorrecta implementación del Código Procesal podría generar disparidades sustanciales en el acceso a la justicia y en las condiciones de administración del proceso penal, según la jurisdicción en que se lleve adelante. Esta situación afecta los principios de igualdad ante la ley, debido proceso, y eficiencia judicial consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, urge garantizar una correcta implementación a nivel nacional para evitar la lesión de los derechos de la ciudadanía y que el Congreso cuente con toda la información necesaria para poder hacerlo.
Estableció la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que comprende la totalidad de la provincia de Santa Fe y el sector del norte de la provincia de Buenos Aires que se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de San Nicolás.
Determinó la aplicación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Mendoza, que abarca también a las provincias de San Juan y San Luis, a partir del 5 de agosto de 2024.
Dispuso la entrada del nuevo código en el distrito de General Roca a partir del 4 de noviembre de 2024, y en el de Comodoro Rivadavia desde el 2 de diciembre de 2024.
Incorporó al cronograma los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca, este último incluyendo también a la provincia de La Pampa.
Dispuso la vigencia del CPPF en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, a partir del 11 de agosto de 2025. La misma normativa establece además que el nuevo sistema se pondría en funcionamiento en Corrientes y Resistencia a partir del 1 de diciembre de 2025.
