Finalmente se logró cierto entendimiento entre el oficialismo y Unión por la Patria y el Senado será la punta de lanza de los debates para aumentar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. De esa manera, este miércoles se pondrá en consideración la propuesta del senador Juan Carlos Romero -aliado a los libertarios e integrantes del interbloque Provincias Unidas-, que busca llevar a siete los jueces del máximo tribunal.
“Este proyecto tiene como objeto una mejora del sistema actual, propiciando que se sumen especialistas en distintas disciplinas del Derecho, provenientes de diferentes regiones del país, y facilitando una mayor celeridad en la resolución de causas”, argumentó Romero.
La intención del presidente Javier Milei de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, sin un mínimo acuerdo con la mayoría opositora de Unión por la Patria, terminó en un rotundo fracaso cuando el Senado rechazó sus pliegos, en la sesión del 4 de abril.
Esta vez, para poder lograr los acuerdos mínimos entre los sectores políticos fueron fundamentales los contactos entre el senador Eduardo de Pedro y Santiago Caputo. Pese a las fuertes criticas que se dispensan Cristina Kirchner y Javier Milei, nunca se cortó el diálogo entre el legislador kirchnerista y el asesor presidencial.
Estos acuerdos son indispensables ya que la aprobación del Senado a la designación de un ministro de la Corte requiere, como lo establece la Constitución, una mayoría especial de dos tercios de sus miembros presentes. Esta disposición refleja la importancia de la independencia judicial y la necesidad de un consenso amplio para asegurar la legitimidad de los jueces. La bancada de UxP, que conduce José Mayans, cuenta con 34 senadores nacionales sobre un total de 72, un número que condiciona a los libertarios.
El proyecto de Romero incluye “una novedad” que, según fundamenta el legislador, pretende “asegurar el derecho a la igualdad y el ejercicio de los derechos en forma igualitaria y sin discriminación: que de los siete miembros de la Corte, no más de cinco sean del mismo sexo”. En su momento, UxP pero también la UCR cuestionaron las postulaciones de Lijo y García-Mansilla por no incorporar mujeres al máximo tribunal. En ese sentido, esta propuesta es superadora.
Este miércoles, las comisiones de Asuntos Constitucionales -presidida por la cordobesa Alejandra Vigo- y de Justicia y Asuntos Penales -encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto- analizarán también las propuestas de la senadora Silvia Sapag (UxP), quien propone la paridad de género, llevando a una proporción mínima de mujeres a un 40% en la integración de la Corte.
En tanto, el proyecto del senador Flavio Fama (UCR), que es acompañado por las legisladoras Edith Terenzi, Carolina Losada, Stella Olalla y Mercedes Valenzuela, amplía la paridad de género a los Tribunales Federales Colegiados de Justicia de la Nación.
La senadora de Neuquén Lucila Crexell (Provincias Unidas) plantea una Corte de nueve magistrados. “No podrá haber menos de un tercio de los jueces de género femenino, debiendo respetarse la representatividad regional del país”, fundamentó Crexell. La legisladora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) tiene un proyecto similar.
Alejandra Vigo (Provincias Unidas) solicita que el máximo tribunal esté conformado por “cinco miembros con representación federal de distintas jurisdicciones e integración de un mínimo de 30% de mujeres”. Esta iniciativa coincide con la presentada por Nora del Valle Giménez (UxP), de Salta.
En la Cámara de Diputados, la libertaria Marcela Pagano también presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema: propone 21 integrantes, que trabajarían en siete salas especializadas, compuestas por tres miembros cada una. Estarían organizadas por materias de Derecho Penal, Civil, Comercial y Societario, Laboral y de la Seguridad social, Administrativo y Tributario, Ambiental y derecho Publico General.
En lo que se anticipa como una larga jornada de debate este miércoles en el Senado, el bloque de Unión por la Patria buscará avanzar con el proyecto de José Mayans, que busca modificar la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Auditoría General de la Nación. De prosperar, la AGN pasaría a estar integrada por nueve miembros que permanecerían en su función cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
“Ocho de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de cuatro a la Cámara de Senadores y cuatro a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada Cámara”, señaló Mayans. El noveno auditor será el presidente, y lo designará una resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras legislativas.
También se presentó el proyecto de Juan Carlos Romero y Carlos Espínola: mantiene la AGN con siete miembros pero reduce sus mandatos de ocho a cuatro años. Otra iniciativa -firmada por José Leavy, de UxP-, establece cinco miembros.
Debate en Diputados
La nueva conformación de la Auditoria General de la Nación es un debate que también se da en la Cámara de Diputados. La semana pasada la oposición intentó designar a Emilio Monzó (Encuentro Federal) y Juan Ignacio Forlón (UxP) como auditores generales, pero la sesión fracasó por falta de quórum.
En paralelo, el diputado Martín Menem presentó un proyecto y comenzó su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El riojano plantea que el auditor general es designado por acuerdo del Senado de una terna de candidatos, y será nominado por el presidente del partido político de la oposición con mayor número de legisladores. Tendrá un mandato de cuatro años y podrá ser reelegido solo una vez, en forma consecutiva o alternada.
