Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta en la causa que investiga el escape del dueño de la droguería Suizo Argentina en medio de un allanamiento. Se trata de Ariel De Vincentis, que según el fiscal, Franco Picardi, colaboró para que Jonathan Kovalivker pudiera huir en medio de los operativos por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), a partir de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo. La medida la dispuso el juez, Sebastián Casanello.
El magistrado ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de De Vicentis, “por considerarlo autor de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento”.
Casanello además estableció un embargo sobre sus bienes de $2 millones. Por otro lado, declaró la incompetencia del juzgado a su cargo para seguir con esta investigación, que será remitida a un tribunal con jurisdicción en la localidad en la que se encuentra el country Nordelta.
El juez argumentó en el procesamiento al jefe de seguridad de Nordelta en la causa que investiga la huida del dueño de la droguería Suizo Argentina que la Policía tuvo “serias dificultades” en los allanamientos al country. Casanello mencionó que según el comisario Lucas Alberetti, Jefe de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad y encargado de las tareas encomendadas para reunir y preservar prueba, al llegar al lugar pidió “la colaboración del vigilador Hugo Martín Bogarín para identificar el lote correspondiente a Jonathan Simón Kovalivker”.
El magistrado explicó que luego este vigilador “recibió una llamada de quien se identificó como supervisor de seguridad del barrio, quien le exigió explicaciones acerca de los motivos de la presencia policial y el contenido” del allanamiento. El juez indicó que “durante el intercambio, el oficial de policía interrumpió la conversación a fin de evitar que se brindara información sensible que pudiera afectar el éxito de la medida, advirtiendo ofuscación en la persona del otro lado de la línea”.
Casanello advirtió que minutos después salió del barrio un Audi S3 manejado por Jonathan Kovalivker y que después llegaron cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense, “convocados a requerimiento del área de seguridad de Nordelta, bajo la falsa invocación de que ‘…personas no identificadas pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial’“. El juez explicó que una vez corroborada la legalidad de la actuación policial los patrulleros se fueron, y advirtió que el registro del domicilio del empresario ”exhibió rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”.
El juez destacó que las conversaciones en el teléfono de De Vicentis representan “prueba inobjetable”, porque “revelan una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”. El magistrado detalló: “Todo debía pasar previamente por el área de Legales, como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional”. Habló de un “procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”.
