La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, realizó una presentación ante el juez Patricio Maraniello y desistió de mantener la cautelar que prohibió a periodistas y medios de comunicación difundir sus audios.
Milei aseguró que “la medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”.
“Lo cierto es que se trata de audios obtenidos ilegalmente los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”
La presentación se dio en el marco de la respuesta a la demanda interpuesta por el periodista Jorge Fontevecchia cuando se dictó la medida cautelar.
Karia Milei remarcó que “la libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente. Es decir, jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información”.
“Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”, añadió.
Finalmente, la funcionaria pidió que se levante la medida cautelar, ya que los audios “oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente”.
“A esta altura, entiendo además que la propia medida cautelar ha devenido abstracta”, se destacó en el escrito.
El pasado 1 de septiembre, el juez Maraniello prohibió a los medios de comunicación difundir audios de Karina Milei, tras la denuncia del gobierno por una supuesta operación ilegal de inteligencia.
La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en eljuzgado federal N.º 12.se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
Según la denuncia, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.
donde se difundieron por primera vez las grabaciones, en el programa “Data Clave”— fue señalado como uno de los epicentros de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de “más de cincuenta minutos de audios” de Karina Milei y anticipó que serían difundidos de manera progresiva.
Desde el Gobierno apuntan también contra el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalado por sus presuntos vínculos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo. Todos ellos son mencionados como posibles partícipes de una red que, según la denuncia, busca “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.
