Dieciséis años después del escándalo por la aparición de una valija en Aeroparque con US$ 800.000 que transportaba el ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson iban a ser destinados a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales, comenzó el juicio contra ex funcionarios argentinos.
El ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti están siendo juzgados en Comodoro Py. La primera audiencia se hizo por Zoom y los abogados de De Vido solicitaron ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio y la incompetencia del fuero penal económico para juzgar los hechos.
El reclamo lo hicieron en la etapa conocida como “cuestiones preliminares”, tras la lectura de la acusación fiscal y en el debate que se realiza de manera virtual con las partes conectadas a través de Zoom.
La audiencia comenzó pasadas las 10 y se extendió hasta la tarde, en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de la ciudad de Buenos Aires, presidido por el juez Luis Losada.
El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó pasar por un control aduanero en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery una valija con ese dinero, luego de llegar al país en un vuelo privado contratado en ese momento por la empresa estatal Enarsa.
Antonini Wilson, considerado “rebelde” por la Justicia argentina porque se fue del país apenas lo ocurrido se hizo público, se radicó en Estados Unidos y no se logró su extradición, viajaba junto a funcionarios de ese organismo, Uberti y otros compatriotas en el avión que partió de Venezuela. Otros cuatro acusados son quienes en ese momento eran funcionarios aduaneros, Rosa García, María Gallini, Jorge Lamastra y Guillermo Lucangeli.
“Está claro que no hace falta el juicio, por lo menos en lo referido a Julio De Vido”, advirtió su abogado Rusconi. “Julio De Vido tiene derecho a que esto se exprese de modo inmediato”, agregó el abogado, quien aludió a los juicios a los que se lo somete por “una gestión de Ministro” y a que el “sufrimiento ha sido enorme” Su otro defensor, Palmeiro, planteó que el hecho está prescripto porque “pasaron más de 15 años”.
“Hay una indefinición del hecho, hay un desastre normativo, un viaje al voleo normativo” en una investigación “fracasada, ya sea porque no hubo hecho delictivo alguno o porque se investigó mal, pero los costos no los puede pagar el acusado”, agregó el defensor.
Rusconi evaluó que lo que sucede es “desesperante y doloroso” y los hechos “exigen a los miembros del Tribunal enorme valentía, casi heroísmo, porque la expectativa pública construida en los medios de comunicación espera que ustedes condenen”. “Para respetar las garantías se requiere una defraudación de ustedes sobre las expectativas construidas mediáticamente”, agregó Rusconi en relación a los jueces del Tribunal. En el caso “está clara la lesión a la garantía del derecho de defensa”, consideró.
“Somos todos víctimas de un manejo discrecional, arbitrario, poco serio, de la reconstrucción de los hechos y llegar a esta instancia implica un costo enorme para los ciudadanos, exponer su vida, prestigio, honorabilidad”, remarcó Rusconi.
El Tribunal siguió durante la jornada con la escucha de planteos preliminares de las partes que luego pasará a resolver. El juicio tendrá audiencias todos los miércoles y se prevé que declaren un centenar de testigos.
