En la estratégica comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura hay 251 pedidos de sanciones disciplinarias contra jueces desde principios de 2021 a la fecha. Desde que el ex diputado K Héctor Recalde asumió la presidencia de la comisión, se comenzaron a tramitar 143 expediente aproximadamente. Pero solo no se le asignó un instructor a ocho de esas denuncias disciplinarias contra jueces.
El expediente más importante de estos ochos es uno contra el juez federal de La Plata y militante K Alejo Ramos Padilla. Tampoco se nombraron instructores para expedientes de los jueces Javier Sánchez Sarmiento y Ariel Lijo, entre otros, contaron las fuentes.
Se trata del Expediente 25/2023, caratulado “Negri M.; López J.M.; y, Tonelli P. (Dip. Nac.) c/ Dr. Alejo Ramos Padilla (Juzg. Fed. Nº1 La Plata)”. Los entonces diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, Pablo Tonelli y Juan Manuel López presentaron la denuncia el 15 de marzo de 2023.
Se denunció que, cuando el magistrado Alejo Ramos Padilla, asistió como testigo a la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el año pasado, incurrió “en falso testimonio en distintos pasajes de su declaración, lo que, a juicio de los denunciantes, configura una causal de mal desempeño en sus funciones”.
Ramos Padilla acusó falsamente al entonces diputado Tonelli de haber filtrado los audios de los presos K en la cárcel de Ezeiza donde se adelantaba con diez días de anticipación la causa que abrió en febrero de 2019 contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y se quiso usar para hacer caer el caso de los Cuadernos de las Coimas.
Una fuente de la Magistratura sostuvo que “es el expediente más importante en trámite ante la Comisión de Disciplina que no ha sido sorteado para su asignación a un consejero informante”, entre otros.
La fuente sospecha que “el presidente de esa comisión, Héctor Recalde, lo ha dejado cajoneado en el ámbito de la Presidencia y, obviamente, no ha tenido movimiento ni medida alguna”. Si a los tres años de presentada la renuncia no se trata, se la archiva.
Esa estratégica comisión la preside Héctor Recalde y tiene como vicepresidente a la jueza María Alejandra Provítola. El resto de sus miembros son la senadora K María Inés Pilatti Vergara, el senador K Mariano Recalde, el senador de Corrientes Eduardo Vischi (UCR), la jueza Agustina Díaz Cordero, el juez Diego Barroetaveña, el juez Alberto Lugones y el académico de la universidad de Lomas de Zamora Hugo Galderisi.
En marzo del año pasado, un grupo de diputados de Juntos presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por mal desempeño de funciones contra el juez federal Alejo Ramos Padilla por “mentir” en su testimonio en la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema. Y pidieron que, tras un juicio político, se lo destituya o por los menos se le aplique una sanción disciplinaria.
Los diputados Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Pablo Tonelli (PRO) lo acusan de mal desempeño en sus funciones y faltas disciplinarias múltiples por haber declarado “con absoluta falta de prudencia y decoro” y de haber mentido y “grave desorden de conducta personal”
Según la denuncia que ingresó en el organismo que elige, sanciona y destituye a los jueces, Ramos Padilla en diversos tramos de su declaración ante la Comisión de Juico Político el 23 de febrero pasado sostuvo que fue víctima de “un juicio político abierto durante dos años” -proceso que no existió- y acusó al diputado Tonelli -en ese momento integrante de la Magistratura- de haber impulsado ese juicio político en base a “escuchas ilegales”, entre otras “falsedades”.
En la presentación, los diputados sostienen que lo que testimonió Ramos Padilla, en varias partes de su disertación, es falso. Explican que por otros casos, como el Operativo Puf, el magistrado nunca fue citado a declarar en la Magistratura, ni se le inició un juicio político ya que no se armó ni siquiera un dictamen propiciando una acusación en su contra. Por lo contrario se lo cerró.
“Las afirmaciones falsas, hechas con absoluta falta de decoro o prudencia y de forma consciente y reiterada,son motivo suficiente para que el magistrado sea removido de su cargo o, al menos, sancionado”, explicaron los entonces diputados.
Otros fallos polémicos. En abril de 2022, Ramos Padilla Padilla archivó la causa por la violenta ocupación de tierras en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos, en las afueras de la ciudad de La Plata, y uno de los argumentos que utilizó en su fallo fue que la ocupación de esos terrenos “se produjo sin violencia y a plena luz del día”.
El magistrado advirtió que la causa se archivó “por no constituir delito los hechos que la originaron, según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”,destacando que “el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día”.
Ramos Padilla es hijo del juez de cámara Juan Ramos Padilla que organizó marchas para echar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia e insultó a varios de sus colegas. La mayoría K de la Magistratura también rechazó juicios políticos o medidas disciplinarias contra Ramos Padilla padre.
Otra fuente del Consejo de la Magistratura consultada por Clarín dijo que no se trató el caso de Ramos Padilla y otros siete porque “no hubo reuniones a fin de año” de la comisión de Disciplina.
La fuente confirmó que “efectivamente está pendiente designar consejero el caso de Ramos Padilla y de otros siete jueces pero porque no hubo reunión de la Comisión”.
En el caso de Ramos Padilla “primero se definió si iba a la Comisión de Disciplina o Acusación pero quedó en Disciplina y falta designar un consejero instructor, hay varias en esa situación porque no hubo reunión después de la feria julio”. “Hay dictámenes pidiendo desestimación o pruebas de todo para sacar en la comisión pero no se avanzó porque no hubo más reuniones”, insistió la fuente.
En el 2019, la mayoría K de la Magistratura rechazó dos pedidos de juicio político contra Ramos Padilla por su polémico desempeño en la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio que permitió poner en marcha el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Además, fue el que armó una causa contra Mauricio Macri por una falsa denuncia de espionaje a familiares de los 44 héroes del submarino San Juan. Cuando Cristina Kirchner impulsó el pase de Ramos Padilla a jueza federal y electoral de La Plata fue reemplazado en Dolores por su colega de Azul Martín Baba. Este procesó a Macri por espionaje ilegal pero la cámara federal porteña anuló el procesamiento con duras críticas a Baba y dijo que los informes de los familiares eran tomados de fuentes abiertas y en lugares públicos para preservar la seguridad del presidente.
