La iniciativa obtuvo 25 votos a favor, uno en contra, correspondiente al Partido Verde, y siete abstenciones del Partido Justicialista. Tras la sanción definitiva, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La reforma amplía las fuentes de financiamiento del Fondo Escolar Permanente. A partir de la nueva normativa, podrán incorporarse recursos provenientes de la venta, subasta o alquiler de bienes muebles e inmuebles, así como de remates de herencias vacantes y procesos de extinción de dominio. También contempla vehículos e insumos que se encuentren en desuso y bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas (DGE).
De esta manera, bienes que actualmente representan un costo para el Estado podrán convertirse en recursos destinados al sistema educativo.
El proyecto también amplía los destinos posibles del Fondo. Los recursos generados podrán utilizarse para adquirir terrenos y realizar obras de construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y otros espacios vinculados con la comunidad educativa.
Uno de los principales cambios consiste en la incorporación de una herramienta destinada a atender el déficit habitacional de los docentes. La DGE podrá utilizar recursos del Fondo como garantía para operaciones de crédito y respaldar programas destinados al acceso a la vivienda y a la urbanización para trabajadores de la educación.
De acuerdo con la iniciativa, el mecanismo apunta a utilizar recursos públicos como respaldo para facilitar el acceso al financiamiento y promover la participación de otros actores, sin modificar el esquema habitual de financiamiento del sistema educativo.
Durante el tratamiento legislativo, se destacó que el objetivo no se limita al acceso a una vivienda, sino que también busca favorecer el arraigo de los docentes, permitiéndoles residir más cerca de sus lugares de trabajo y mejorar sus condiciones de vida.
La normativa habilita además a la Dirección General de Escuelas a coordinar programas con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y con el sector privado, utilizando los recursos del Fondo como mecanismo de garantía.
El texto establece, a su vez, que los recursos del Fondo no podrán utilizarse para afectar bienes destinados al servicio educativo. También modifica la Ley 8706 de Administración Financiera para disponer que los saldos que no sean ejecutados durante un ejercicio fiscal permanezcan dentro del Fondo Escolar Permanente y no sean derivados a Rentas Generales.
En cuanto a los programas habitacionales, la reforma determina que su implementación no implicará suspender ni alterar el funcionamiento del Fondo. Para ello, podrán establecerse mecanismos de disponibilidad restringida, como reservas y fideicomisos, de acuerdo con las condiciones que determine la reglamentación.
Durante el debate, un senador del Partido Justicialista confirmó que su bloque se abstendría en la votación. Por su parte, un senador de Fuerza Patria manifestó su respaldo a la iniciativa y expresó confianza en que la nueva herramienta pueda cumplir con los objetivos planteados.
El proyecto fue presentado como una alternativa para administrar los recursos vinculados con la educación de manera más dinámica y eficiente frente a las actuales dificultades económicas y sociales.
En una presentación realizada a comienzos de agosto ante la Legislatura, el ministro de Educación había informado que el Fondo contaba con aproximadamente $530 millones, provenientes de cinco remates ya realizados, mientras que otros 12 se encontraban en evaluación.
En relación con la situación habitacional de los docentes, las estimaciones oficiales citadas durante el tratamiento del proyecto ubican el déficit en torno al 50%. En Mendoza hay alrededor de 46.000 docentes y aproximadamente la mitad tendría dificultades para acceder a una vivienda adecuada.
El ministro también señaló que la utilización de estos recursos no afectará los planes de reparación de establecimientos educativos. Según explicó, el objetivo continúa siendo avanzar en la construcción de nuevas escuelas, aunque las decisiones dependen de estudios sobre la ubicación y las necesidades de cada zona.
En ese sentido, mencionó que la disminución de la natalidad tuvo incidencia en la planificación de los últimos años, pero anticipó la construcción de 33 nuevas escuelas, de las cuales 18 ya fueron terminadas. Además, se prevé ampliar el sistema de jornada extendida hasta alcanzar a 300 establecimientos educativos.
