De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), los salarios registrados acumularon una caída real del 8,2% desde noviembre de 2023, pese a haber recuperado 1,1% durante los últimos tres meses.
El resultado estuvo parcialmente influido por un aumento extraordinario aplicado en junio a los salarios de las universidades, aunque el incremento quedó por debajo de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
La medición cambia cuando se utiliza el IPC reponderado que había sido contemplado para reemplazar la metodología vigente. Bajo ese cálculo, la pérdida del poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y junio de 2026 alcanza el 12,9%.
La diferencia también se observa al separar los salarios según el sector. En el ámbito privado, la caída real llega al 8,5%, mientras que en el sector público alcanza el 20,8%.
Dentro del empleo estatal existe además una brecha entre los trabajadores de la administración nacional y los de las provincias. El salario público nacional acumula una pérdida del 40,2% en términos reales desde el cambio de gobierno cuando se utiliza el IPC alternativo, mientras que en las administraciones provinciales la reducción alcanza el 14,3%.
La evolución provincial tampoco logró sostener una mejora permanente. Desde agosto de 2025, el salario promedio de los empleados públicos de las provincias volvió a mostrar resultados negativos, en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias.
Otro de los indicadores analizados es el de los salarios establecidos mediante convenios colectivos. Según el estudio, después del fuerte deterioro provocado por el salto inflacionario de diciembre de 2023, los ingresos reales de convenio habían logrado recuperar hacia diciembre de 2024 el nivel previo.
A partir de entonces, sin embargo, comenzó nuevamente una trayectoria descendente. La estimación con el IPC reponderado ubica la pérdida en 11,3%, frente al 6,5% que surge de la medición oficial vigente.
La evolución de los últimos meses también muestra que la desaceleración de la inflación no se tradujo en una recuperación de los salarios reales de convenio, que continuaron perdiendo poder adquisitivo.
El deterioro es todavía mayor en el caso del salario mínimo, vital y móvil. Con el índice de precios alternativo, su poder de compra cayó 40,9% desde el inicio de la actual gestión.
Incluso tomando como referencia el IPC oficial, el salario mínimo se encuentra actualmente alrededor de un 60% por debajo de su poder adquisitivo de 2015 y un 20% por debajo de los niveles registrados durante la década de 1990.
El informe atribuye esta evolución a la política aplicada por la Secretaría de Trabajo frente a la falta de acuerdo dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Según el análisis, los aumentos nominales establecidos quedaron alineados de manera sistemática con las propuestas empresariales.
La Resolución del 1° de septiembre de 2026 fue señalada como una nueva expresión de esa política. El análisis plantea que, bajo estas condiciones, el salario mínimo continuará perdiendo capacidad de compra y podría dejar de cumplir el papel de herramienta para elevar los ingresos más bajos y reducir las desigualdades salariales.
