Las proyecciones fueron presentadas durante la primera Ronda de Negocios del RIGI, realizada este jueves en La Fluvial, en Rosario. La actividad reunió a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura, junto con alrededor de 1.800 pequeñas y medianas empresas y proveedores de distintas regiones del país.
El encuentro tuvo como objetivo vincular a las empresas proveedoras locales con las iniciativas de inversión. Según detalló Caputo, participaron más de 2.500 pymes exportadoras inscriptas y se organizaron 2.100 reuniones y 50 rondas de negocios. También destacó la presencia de empresas de prácticamente todas las provincias, incluida Buenos Aires, que no adhirió al régimen.
El ministro sostuvo que la distribución territorial de las inversiones puede contribuir a un desarrollo más equilibrado y destacó el papel de los proveedores nacionales. De acuerdo con sus cifras, las empresas argentinas representan el 82% de las compras asociadas a los proyectos alcanzados por el RIGI, mientras que casi 1.800 proveedores serán contratados en 20 jurisdicciones durante 2026.
En cuanto al volumen de inversiones, informó que se presentaron 48 proyectos por aproximadamente USD 210.000 millones, de los cuales 30 fueron aprobados, por unos USD 80.000 millones. También anticipó que durante los próximos meses se incorporarán nuevas iniciativas en sectores como petróleo, gas, electricidad, infraestructura, tecnología y siderurgia.
Caputo indicó que las inversiones vinculadas al régimen alcanzarán los USD 7.700 millones durante 2026. A su vez, proyectó que los proyectos aprobados podrían aportar USD 55.000 millones adicionales en exportaciones y que las ventas externas de energía y minería llegarían a USD 50.000 millones anuales hacia 2030.
Al explicar las condiciones que, según su visión, favorecen la llegada de capitales, el titular de Economía mencionó cuatro factores: el liderazgo del presidente Javier Milei, la estabilidad macroeconómica, los incentivos del RIGI y la previsibilidad a largo plazo.
En relación con la política económica, afirmó que el equilibrio fiscal y el orden monetario son condiciones necesarias para consolidar la estabilidad. También sostuvo que el país debe mantener ese rumbo sin recurrir al financiamiento del déficit mediante deuda o emisión monetaria, mecanismos que vinculó con la inflación y la depreciación de la moneda.
El funcionario advirtió que la continuidad de las políticas económicas será determinante para generar confianza entre los inversores. Según planteó, los períodos de estabilidad registrados en otras etapas de la historia argentina no lograron sostenerse por falta de una decisión política duradera de mantener el orden macroeconómico.
Otro de los ejes de su exposición fue la seguridad jurídica. Caputo señaló que las crisis institucionales, las modificaciones contractuales y las medidas que afectaron la propiedad privada deterioraron históricamente la confianza de quienes evaluaban invertir en el país.
En ese sentido, mencionó antecedentes como los planes Bonex, las reestructuraciones de deuda, los corralitos y corralones, las pesificaciones asimétricas y las expropiaciones. Según su evaluación, ese historial dificultó el ingreso de capitales destinados a actividades productivas y justificó la creación de un régimen especial que combine incentivos económicos con garantías jurídicas.
También consideró que el contexto geopolítico representa una oportunidad para la Argentina, debido a que distintos países buscan diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de determinados proveedores.
Respecto del impacto económico de las inversiones, Caputo sostuvo que el ingreso de divisas contribuirá a reducir las dificultades cambiarias que afectaron al país durante décadas. Además, afirmó que la disciplina fiscal, la independencia del Banco Central y el mantenimiento del orden monetario permitirían avanzar hacia niveles de inflación similares a los internacionales.
El ministro también cuestionó las políticas que, según expresó, perjudicaron a sectores con capacidad exportadora y ventajas comparativas. Sostuvo que las actividades de energía, minería y otras industrias con potencial para generar divisas deben contar con condiciones que les permitan expandirse y aumentar el empleo.
En ese marco, rechazó que la competitividad pueda alcanzarse mediante el déficit fiscal, la emisión monetaria o las devaluaciones. Como argumento, recordó las restricciones comerciales que llevaron a los consumidores argentinos a pagar precios muy superiores a los internacionales por determinados productos, incluso en situaciones en las que debían viajar a países vecinos para adquirir bienes como neumáticos.
Para reducir los costos de producción, Caputo enumeró tres líneas de acción: bajar los impuestos, eliminar regulaciones y abaratar el financiamiento. Aseguró que la administración nacional ya redujo tributos por un monto equivalente a tres puntos del producto bruto interno (PBI) y anticipó nuevas rebajas para el próximo año.
En materia tributaria, estimó que el Gobierno ya devolvió más de USD 100.000 millones al sector privado y que pretende elevar esa cifra hasta USD 500.000 millones acumulados para 2031. Vinculó esa meta con el crecimiento de la actividad económica y con los ingresos que podrían generar las nuevas inversiones.
Sobre el empleo, proyectó que los proyectos del RIGI crearán cerca de 250.000 puestos formales y con remuneraciones elevadas. Según sostuvo, la expansión de estas actividades permitiría reducir la informalidad laboral y, al mismo tiempo, ampliar los recursos disponibles para continuar con la reducción de impuestos.
Por último, planteó la necesidad de desarrollar el mercado de capitales argentino para ampliar las alternativas de financiamiento y facilitar la participación de los ciudadanos en proyectos productivos y de infraestructura.
La jornada incluyó mesas de financiamiento y reuniones entre proveedores locales y representantes de grandes iniciativas de inversión. También se programaron exposiciones de empresas mineras y energéticas sobre sus estrategias de desarrollo de proveedores y los requisitos que utilizan para seleccionar a las compañías que participan de sus operaciones.
En la apertura participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
