El magistrado realizó estas declaraciones al inaugurar una nueva edición de Diálogos para la Argentina, un encuentro organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que este año tuvo como eje la seguridad jurídica, las inversiones y las perspectivas de desarrollo. La actividad reunió a referentes del ámbito jurídico y empresarial.
En su intervención, Rosenkrantz recordó que en los comicios del 20 de octubre participó apenas el 18,54% de los abogados habilitados para votar, una cifra inferior a la registrada en 2022. La lista más votada obtuvo dos de las cuatro bancas en disputa, con el 34% de los sufragios.
El vicepresidente de la Corte aclaró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos a los consejeros electos, sino al bajo nivel de participación que permitió definir la representación de la abogacía. Según planteó, una minoría terminó tomando una decisión que tendrá consecuencias institucionales durante varios años.
Para dimensionar la importancia de esos cargos, explicó que los representantes de los abogados participarán durante cuatro años en la selección de magistrados que podrían permanecer en funciones durante tres décadas y adoptar miles de decisiones judiciales. Actualmente, los profesionales del derecho cuentan con cuatro de los 20 lugares del Consejo de la Magistratura y tienen una intervención relevante para alcanzar los dos tercios necesarios en cada designación.
“La representación de los abogados no es simbólica, es absolutamente decisiva”, sostuvo. También destacó que los profesionales cuentan con una perspectiva particular sobre el funcionamiento de los tribunales, ya que observan cotidianamente el desempeño de los jueces desde el otro lado del estrado. Consideró que esa experiencia aporta información que no surge de los expedientes ni de los concursos.
Otro de los principales ejes de su exposición fue el sistema de entrevistas personales utilizado en los concursos para cubrir vacantes judiciales. Rosenkrantz volvió a cuestionar la discrecionalidad que, a su entender, permite modificar el orden de mérito sin una fundamentación suficiente.
El planteo está relacionado con una propuesta que presentó junto al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti mediante la Acordada 4/2026. La iniciativa establece un sistema de evaluación de hasta 200 puntos y limita a un máximo de 20 la incidencia de las entrevistas personales.
El proyecto todavía no fue tratado y su definición quedará en manos de la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que asumirá el 18 de noviembre. Rosenkrantz reconoció las dificultades políticas para avanzar con una modificación que busca reducir las facultades discrecionales del propio organismo.
En paralelo, distintos sectores empresariales y jurídicos también reclamaron cambios en el mecanismo de selección de magistrados. Una declaración respaldada por 30 organizaciones, entre ellas entidades empresariales y profesionales, además de 12 juristas y 277 adherentes individuales, pidió establecer el mismo límite de 20 puntos para las entrevistas. El documento vincula una menor discrecionalidad en los concursos con el fortalecimiento de la independencia judicial y considera que esta última es una condición relevante para promover inversiones y empleo.
Rosenkrantz sostuvo que una reforma del sistema debe apuntar tanto a seleccionar a los mejores candidatos como a impedir que lleguen al Poder Judicial quienes no reúnen las condiciones necesarias. Para explicar su postura, señaló que la calidad del servicio de justicia no puede medirse únicamente a partir del desempeño promedio de los magistrados, porque quienes participan de un proceso quedan sujetos a la decisión del juez que interviene en su caso.
Aunque reconoció que una gran parte del Poder Judicial está integrada por magistrados de muy buen nivel, también consideró necesario revisar la formación de los abogados. En ese sentido, propuso modificar los planes de estudio universitarios y desarrollar mecanismos que permitan determinar si un profesional está realmente preparado para llevar un caso a juicio.
El magistrado concluyó que la calidad de la Justicia argentina depende del desempeño de los abogados mucho más de lo que la propia profesión suele reconocer.
La jornada continuará con exposiciones del presidente de YPF, Horacio Marín, funcionarios del área energética y un panel de abogados. El cierre estará a cargo de la senadora nacional Patricia Bullrich.
