La intervención se realizó en un inmueble ubicado en Bahía Blanca y Arregui, a poca distancia del estadio del Club Atlético All Boys, atendiendo una orden emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, bajo la supervisión del doctor Ariel Lijo, mediante la Secretaría 21 de la doctora Carolina Lores Arnaiz.
Durante el operativo, las fuerzas policiales encontraron a once adultos y siete menores dentro del local, de acuerdo a lo informado por la Policía de la Ciudad.
Fuentes de C5N señalaron que la acción fue producto de una denuncia anónima y que las víctimas “vivían a oscuras, sin ventilación, sin poder salir a la calle y las puertas no tenían picaporte”. Cabe destacar que el lugar ya había sido clausurado anteriormente, ya que presenta una faja de “clausura” en la puerta del garaje del establecimiento.
El comisario Pedro Salvarezza afirmó en La Nación+: “Esta es una investigación que ha estado activa desde hace unos meses, desde principios de año, surgió a partir de una denuncia recibida a través de los canales 911 y 145. De ella se determinó que personas extranjeras de nacionalidad boliviana estaban trabajando en este taller, que no cuenta con la habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. También mencionó que se han imputado a dos personas (un hombre y una mujer) que serán trasladadas.
El operativo fue realizado en conjunto con la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia – Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
La información obtenida en la investigación indica que las víctimas, algunas de ellas extranjeras, vivían en condiciones inhumanas, sin la libertad de entrada y salida y bajo un régimen de trabajo cama caliente, que involucra el uso continuo de los espacios de descanso por diferentes turnos de trabajo, mostrando una clara violación de derechos fundamentales.
La orden judicial se emitió bajo la Ley 26.364, que aborda delitos relacionados con la trata y explotación de personas. Según se informó, el procedimiento pretende garantizar la protección de los menores y adultos hallados en el lugar, así como recolectar pruebas que permitan profundizar en la investigación.
El procedimiento sigue en curso y las autoridades no descartan la posibilidad de tomar nuevas medidas en función de la información recopilada durante el allanamiento. Las actuaciones y el seguimiento de posibles responsabilidades penales quedarán a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.
