Esta protesta, liderada por efectivos que cuestionan el sistema de aumentos fijado por decreto y que señalan ingresos por debajo de la línea de pobreza, se lleva a cabo en el campamento ubicado frente a la sede gubernamental provincial, donde los manifestantes han enfrentado temperaturas que alcanzan los 20 grados bajo cero.
Según un comunicado del Gobierno provincial, el incremento salarial fue establecido por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y confirmado por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El oficialismo aseguró que esta recomposición posiciona a la fuerza policial entre las tres mejor remuneradas del país. Sin embargo, un grupo de policías, junto a exintegrantes de la fuerza, bomberos y personal del servicio penitenciario, ha decidido mantener la medida de fuerza.
El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que fija un salario base de $1.700.000 para los nuevos ingresantes. Los manifestantes, no obstante, reclaman un salario mínimo de $2.200.000 y demandan que este aumento se extienda también a quienes están retirados y a los pensionados.
Según detalla el decreto, la recomposición salarial se implementó a través de la actualización del valor punto y la creación de un adicional remunerativo denominado “Compensador”, así como de un otro adicional no remunerativo denominado “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, dirigido hacia el personal de las fuerzas de seguridad. El Gobierno provincial sostuvo que estos cambios suponen “una mejora sustancial del salario del personal y fortalecen su capacidad de compra”.
Sin embargo, el decreto también modifica la estructura de los ingresos, ya que a partir de julio de 2026 se eliminarán varios suplementos no remunerativos que habían sido introducidos por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.
Entre los adicionales suprimidos se incluyen aquellos por “función policial operativa”, “función penitenciaria de alto riesgo” y “función operativa en siniestro”, así como los adicionales por “función en investigaciones”, “función técnica de apoyo” y “función de alta dedicación operativa”.
A raíz de esta decisión, en algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado se levantaron las medidas de protesta, mientras que en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes; el foco de la protesta aún persiste en Río Gallegos y El Calafate.
Desde el oficialismo se indicó que el Ejecutivo ha agotado los intentos de diálogo con la fuerza y recordaron que se han rechazado 15 propuestas salariales. En esa línea, el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, aseguró que se llevaron a cabo ocho reuniones de negociación en más de 30 días.
El oficialismo vinculó la continuidad de la protesta con motivaciones políticas, señalando que “los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.
Actualmente, la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otras ocasiones en que hubo acuartelamientos. Los efectivos cumplen sus turnos y, tras finalizarlos, se dirigen a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos agentes se encadenaron a una entrada lateral del edificio.
El temor a represalias internas ha agravado la situación, los manifestantes exigen que no haya sanciones, pero el Gobierno provincial ya ha rechazado la solicitud de una amnistía.
Como símbolo de la lucha, también se evoca la figura del subcomisario Gabriel Trujillo, quien fue atropellado a fines de junio por un conductor en estado de ebriedad mientras se dirigía a realizar horas adicionales de trabajo en Cañadón Seco. Tras el episodio en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días antes de fallecer.
Adicionalmente, el bloque Por Santa Cruz ha incorporado otro tema a la discusión: las deudas de los municipios con los organismos provinciales. Señalaron que Río Gallegos posee una deuda de $66.944.860.951,58 con la Caja de Previsión Social y de $41.979.176.336,63 con la Caja de Servicios Sociales.
En el caso de El Calafate, reportaron una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Los legisladores indicaron que estas deudas aumentan a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.
Afirmaron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento impacta negativamente en el financiamiento del sistema de salud y previsional. Además, sostuvieron que si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia podría contar con mayores herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.
