El indicador muestra que más de uno de cada cinco puntanos con deudas acumula atrasos superiores a los 90 días, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos, el incremento del costo de vida y una mayor dependencia del crédito para afrontar gastos habituales.
El análisis advierte que el escenario económico actual combina restricciones fiscales, cambios regulatorios y un crecimiento del endeudamiento para hacer frente a obligaciones financieras del Estado. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el informe, entre lo que resta de 2026 y durante 2027 la Nación deberá afrontar vencimientos por cerca de 30.000 millones de dólares de deuda externa, además de compromisos correspondientes al sector privado, las provincias y el Banco Central.
Para atender esos pagos, el Gobierno nacional prevé recurrir a nuevas colocaciones de deuda y procesos de privatización.
El informe señala que las medidas aplicadas sobre salarios, jubilaciones y subsidios tienen un impacto directo en las economías familiares, que recurren cada vez más al financiamiento para cubrir necesidades básicas.
Los datos nacionales reflejan una tendencia similar. La mora de los hogares pasó del 3,9% en junio de 2024 al 16,2% en mayo de 2026. En la actualidad, 19 millones de argentinos mantienen algún tipo de deuda y 4,5 millones presentan atrasos en sus pagos.
La situación afecta especialmente a los sectores más jóvenes. A nivel nacional, la mora alcanza al 25% de los menores de 35 años y se acerca al 40% entre quienes tienen menos de 25 años. Además, una amplia mayoría de las deudas contraídas por jóvenes registra incumplimientos.
En San Luis, el problema se profundiza por el crecimiento del financiamiento otorgado mediante billeteras virtuales y entidades financieras digitales. Según el relevamiento, el 36% de los jóvenes con deudas accedió a créditos a través de estas plataformas, donde la tasa de mora alcanza el 23%.
El estudio señala que estos mecanismos se transformaron en una alternativa frecuente para personas que no acceden al sistema financiero tradicional y que presentan niveles de regulación diferentes respecto de la banca convencional.
La mayor dificultad se concentra en los sistemas de crédito no bancarios. Mientras la mora se ubica en torno al 10% en bancos públicos y al 18% en entidades privadas, los niveles aumentan al 30% en tarjetas no bancarias y superan el 46% entre proveedores no financieros de crédito.
En muchos casos, estos préstamos son utilizados para cubrir gastos esenciales como alquileres, servicios, alimentos o compromisos financieros previos. El informe destaca que la morosidad afecta con mayor intensidad a barrios populares y localidades del interior, donde los ingresos son más bajos y el acceso al crédito formal es más limitado.
A este panorama se suma la evolución del sector empresarial. Según un relevamiento basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), San Luis perdió 344 empresas con trabajadores registrados desde diciembre de 2023, cuando asumió Claudio Poggi.
La caída representa una reducción del 7,22%, superior al promedio nacional, que en el mismo período fue del 5,2%. El registro contempla empresas públicas y privadas con al menos un empleado registrado entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.
En ese período, Argentina perdió 26.448 empresas y San Luis quedó entre las provincias con mayores retrocesos, con una variación similar a la registrada en Córdoba y superior a la observada en otras jurisdicciones.
La tendencia negativa continuó durante los últimos meses. En marzo de 2026, la provincia registró una disminución mensual del 0,26% y una caída interanual del 3,63% en la cantidad de empresas con empleo registrado.
Los indicadores económicos también muestran una caída del empleo formal en la provincia. Según otros relevamientos, desde diciembre de 2023 se perdieron 4.417 puestos de trabajo registrados, mientras que los salarios docentes acumularon una pérdida real del 51,5% durante la actual gestión.
