La denuncia fue impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, que pidió la intervención de la Justicia federal por las agresiones contra efectivos de fuerzas nacionales y la posible afectación de la actividad legislativa. De acuerdo con el planteo oficial, las figuras penales involucradas podrían contemplar penas de hasta nueve años de prisión, aunque la calificación definitiva dependerá de lo que se establezca durante la investigación.
El expediente deberá avanzar sobre los hechos ocurridos en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, donde se desarrollaba una movilización masiva en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Según la denuncia, un grupo de aproximadamente cien personas, ubicado frente a las columnas del MST y el MAS, arrojó piedras y palos contra los policías e intentó atravesar el perímetro de seguridad dispuesto alrededor del Congreso.
La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó el uso de gases lacrimógenos, que también alcanzaron el sector del palco principal de la marcha, ubicado detrás del monumento de la plaza. Los enfrentamientos provocaron daños en bancos, contenedores y otros elementos del espacio público, además de agresiones contra dos periodistas.
El Ministerio de Seguridad sostuvo que algunos de los participantes actuaron con el rostro cubierto y utilizaron objetos contundentes tanto contra los efectivos como contra la infraestructura cercana al Palacio Legislativo. En la presentación también se afirmó que los ataques se repitieron mientras el personal policial cumplía sus funciones bajo el protocolo de seguridad vigente, cuyo objetivo era mantener el orden y garantizar el desarrollo de la manifestación pacífica.
Uno de los ejes del planteo oficial es la posibilidad de que los incidentes hayan tenido como finalidad impedir, de manera parcial o total, el desarrollo de la actividad parlamentaria prevista para esa jornada. Ese punto fue señalado como uno de los fundamentos para solicitar que el caso sea investigado en el ámbito federal, aunque la eventual intención de obstaculizar el funcionamiento legislativo deberá ser acreditada mediante pruebas.
En el Congreso, la sesión de la Cámara de Diputados convocada para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei, no pudo realizarse por falta de quórum.
La denuncia fue firmada por funcionarios del área de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad, quienes solicitaron identificar a los responsables y establecer las posibles responsabilidades penales de cada uno. La presentación también busca articular las actuaciones federales con los procedimientos que ya se encuentran en curso en la Justicia ordinaria.
Las 25 detenciones quedaron inicialmente bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, informó que cuatro adultos detenidos por la Policía de la Ciudad fueron puestos a disposición de la fiscalía correspondiente para prestar declaración, mientras que dos menores recuperaron la libertad.
Para respaldar la denuncia, los representantes del Ministerio de Seguridad acompañaron grabaciones de los episodios y solicitaron incorporar documentación operativa, actas de procedimiento y registros audiovisuales del despliegue policial. También pidieron reunir certificados médicos y constancias de atención de los efectivos heridos, con el propósito de documentar las lesiones e identificar al personal afectado.
Entre las medidas solicitadas figura la identificación de los policías porteños que presenciaron los hechos o participaron en las detenciones, para que puedan declarar como testigos. Además, se requirió preservar las imágenes de cámaras públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones del Congreso, junto con los registros obtenidos mediante cámaras corporales, teléfonos móviles y drones utilizados durante el operativo.
El escrito también reclama un relevamiento de los daños materiales, con fotografías, informes técnicos, identificación de los bienes afectados y sus propietarios, y una estimación del perjuicio económico. Para ello, se solicitaron informes a las autoridades nacionales y locales.
Otro punto contempla la conservación de los videos difundidos públicamente, con información sobre su procedencia, fecha e integridad, a fin de que puedan incorporarse al expediente con las garantías necesarias para preservar la cadena de custodia.
Asimismo, el Gobierno pidió reunir las actuaciones judiciales, fiscales y administrativas iniciadas en la jurisdicción ordinaria, con el objetivo de evitar investigaciones duplicadas y delimitar los hechos y las imputaciones correspondientes a cada caso.
La presentación invoca los artículos 89 y 92, en relación con el artículo 80, inciso 8°, y los artículos 184, 237, 238 y 239 del Código Penal. La determinación de las figuras aplicables, la eventual responsabilidad de los involucrados y el alcance de los hechos denunciados quedarán sujetos a las pruebas que se incorporen durante la investigación.
