La sentencia fue dictada por el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2, integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre. Los dos condenados fueron encontrados culpables del delito de turbación de la posesión, que consiste en impedir o perturbar ilegalmente el uso y control de un inmueble ajeno.
Las penas son de cumplimiento condicional, por lo que los acusados no deberán ingresar a prisión mientras respeten las condiciones establecidas por el tribunal. Entre las obligaciones impuestas figuran fijar un domicilio y solicitar autorización judicial antes de modificarlo, además de quedar bajo supervisión de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria de Santa Fe.
También tendrán prohibido salir del país sin autorización del juez de ejecución y deberán mantenerse a más de 200 metros de tres inmuebles vinculados con la empresa denunciante. La restricción incluye a sus propietarios: no podrán acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ellos por ningún medio, incluidas las redes sociales o a través de terceras personas.
El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación de la suspensión de la pena y en el cumplimiento efectivo de la condena. La decisión quedará a cargo del juez de ejecución, quien deberá evaluar las eventuales infracciones.
El juicio oral comenzó el 2 de noviembre y también concluyó con la absolución de un tercer imputado por turbación de la posesión. Los magistrados consideraron que no existían elementos suficientes para acreditar su participación y aplicaron el principio de duda razonable.
Los acusados también fueron absueltos del delito de desbaratamiento de empresa, previsto en el artículo 174, inciso 6, del Código Penal, que había sido impulsado por la querella. El tribunal entendió que las pruebas incorporadas al proceso no alcanzaban para sostener una condena por esa figura.
En cuanto a las amenazas denunciadas, los jueces declararon extinguida la acción penal por prescripción. El plazo legal para perseguir ese delito es de dos años y, al haber transcurrido un período superior desde los hechos, no correspondía dictar una condena por ese cargo.
La causa también tenía como imputado a Marcelo Ortiz, señalado como uno de los principales involucrados. Su defensa informó que habría fallecido a comienzos de año, pero la fiscalía solicitó documentación oficial para confirmar esa circunstancia. El certificado de defunción fue presentado pocas horas antes del inicio del debate oral.
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento fue la diferenciación entre el derecho constitucional de huelga y las acciones que pueden constituir delitos. El tribunal sostuvo que la protección constitucional de la protesta sindical no habilita a impedir por la fuerza que otras personas trabajen, compren o vendan.
Al explicar los fundamentos del fallo, el presidente del tribunal, Gonzalo Fernández Bussy, aclaró que el proceso no había tenido como objetivo juzgar el ejercicio del derecho de huelga. Señaló que la legitimidad de los reclamos sindicales debe discutirse por los mecanismos previstos en el derecho laboral y que la función de los jueces penales consiste en determinar cuándo una conducta excede los límites legales.
En ese sentido, recordó el criterio establecido por la Corte Suprema en el fallo Orellano, que define la huelga como la abstención o reducción de la prestación laboral como mecanismo de presión. También mencionó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios de su Comité de Libertad Sindical respecto de las acciones que obstaculizan la libertad de trabajo mediante intimidaciones o conductas delictivas.
El magistrado precisó que el tribunal no consideró delictivos el cese de actividades, el acampe, la instalación de una carpa ni las conversaciones con otros trabajadores para explicarles el conflicto y solicitar solidaridad. Sin embargo, sostuvo que durante el bloqueo se produjeron comportamientos que, según las pruebas analizadas, excedieron el ejercicio legítimo de la protesta.
El conflicto se inició el 8 de junio de 2020, cuando el sindicato exigió que 18 de los aproximadamente 100 empleados de la distribuidora se afiliaran a esa organización. La empresa sostenía que su actividad no correspondía al transporte de cargas y que el encuadramiento sindical debía quedar bajo la órbita de Comercio y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Durante las audiencias, la primera testigo fue Verónica Razzini, actual diputada nacional y una de las propietarias de la firma junto con sus hermanos al momento de los hechos. En su declaración describió situaciones de hostigamiento, amenazas e intimidaciones que, según relató, se produjeron durante el conflicto.
La legisladora afirmó que recibió insultos y agresiones, que fue amenazada con armas de fuego y que incluso le advirtieron que podían dirigirse al domicilio de su padre, quien atravesaba problemas de salud. También contó que decidió mudarse para evitar posibles ataques y que recibió advertencias sobre el conocimiento que tenían los agresores acerca del lugar donde estaban sus hijos. Según su testimonio, la empresa llegó a contratar efectivos de Infantería para proteger a sus trabajadores.
A partir de esos episodios, los propietarios presentaron una denuncia judicial con patrocinio legal. En una primera etapa, la investigación derivó en la detención e imputación de diez empleados y tres delegados sindicales, acusados de impedir el ingreso a las instalaciones y amenazar a los directivos.
Los episodios de violencia continuaron incluso después del bloqueo. En julio de 2022, la fachada de la empresa recibió tres disparos y en el acceso dejaron un mensaje intimidatorio que exigía retirar la denuncia judicial y que estaba firmado en nombre de Camioneros.
Pese a las actuaciones iniciales, el expediente permaneció paralizado durante varios años y estuvo cerca de prescribir. La intervención del fiscal Germán Mazzoni permitió reactivar la investigación y avanzar hacia el juicio oral que terminó con las condenas conocidas este martes.
Tras el conflicto, Razzini impulsó la creación del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una organización destinada a asistir a pequeñas y medianas empresas afectadas por bloqueos sindicales en distintos puntos del país. En diciembre de 2023 ingresó al Congreso como diputada por el PRO y al año siguiente pasó a integrar La Libertad Avanza.
Luego de conocerse la sentencia, la legisladora manifestó su conformidad con el resultado y destacó la importancia de que la causa hubiera llegado a una condena. También sostuvo que el pronunciamiento se suma a otros antecedentes judiciales relacionados con bloqueos empresariales y consideró que puede contribuir a modificar los métodos de protesta sindical.
El fallo de Rosario se incorpora a un escenario judicial en el que existen decisiones de distinto alcance sobre este tipo de conflictos. Entre los antecedentes se encuentran un pronunciamiento de un tribunal laboral de La Matanza que cuestionó determinadas modalidades de protesta y una resolución de un juez de San Nicolás que absolvió a siete personas acusadas por el bloqueo a una distribuidora.
La sentencia marca el cierre de un proceso iniciado por los hechos de 2020 y establece responsabilidades penales para dos de los acusados, aunque mantiene las absoluciones por los delitos que no pudieron acreditarse o cuya persecución quedó alcanzada por la prescripción.
