El oficialismo retiró el proyecto que proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y resolvió avanzar con el tratamiento del expediente enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que fija el piso en 14 años, en línea con la posición que sostienen los bloques aliados. La discusión se dará el próximo jueves 12 de febrero, a partir de las 11, en una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados.
La convocatoria fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y tendrá como eje central el debate del Régimen Penal Juvenil. Según la citación oficial distribuida por la Secretaría Parlamentaria, el temario incluye el expediente 0010-PE-2024, correspondiente al Mensaje 46 del Poder Ejecutivo enviado el 15 de julio de 2024, junto con una serie de proyectos presentados por distintos bloques políticos que proponen modificaciones al actual régimen de minoridad penal.
El cambio de estrategia se produjo luego de que el oficialismo admitiera que no contaba con los consensos necesarios para sostener el piso de 13 años incluido en el texto más reciente. De acuerdo con fuentes parlamentarias, el acuerdo político con los aliados siempre estuvo atado a los 14 años como edad mínima de imputabilidad, tal como había quedado reflejado en los proyectos que se trabajaron durante 2024 y que ahora forman parte del temario de la sesión especial.
En ese marco, el Gobierno desistió de enviar una nueva iniciativa y optó por avanzar con el expediente del año pasado, que aún no cuenta con dictamen de comisión. En la nómina de proyectos a tratar figuran, además del texto del Ejecutivo, iniciativas presentadas por diputados de Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza y otros espacios, todas ellas sin despacho previo de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda.
Entre los proyectos incluidos en el temario se encuentran propuestas que establecen regímenes de responsabilidad penal juvenil para personas mayores de 14 y menores de 18 años, iniciativas que plantean modificaciones parciales a la ley 22.278 y otras que directamente impulsan su derogación y la creación de un nuevo sistema penal juvenil. También figuran textos que proponen cambios al Código Penal en materia de punibilidad de menores y proyectos que abordan la cuestión desde distintos enfoques legislativos, todos ellos agrupados bajo el debate del Régimen Penal Juvenil.
Desde los bloques aliados aclararon que, pese a que el oficialismo había impulsado inicialmente un proyecto con piso de 13 años, el entendimiento político alcanzado desde un primer momento establecía que la edad mínima debía fijarse en 14. Ese cambio, señalaron, fue aceptado por el Gobierno para facilitar el avance del tratamiento parlamentario y ordenar el debate en el recinto.
En paralelo, desde el oficialismo explicaron que el retiro del texto más reciente respondió a objeciones de tipo administrativo y remarcaron que sigue vigente el dictamen trabajado durante 2024, al que se le habían incorporado previsiones presupuestarias para su eventual implementación. El proyecto retirado contemplaba un financiamiento superior a los $23 mil millones, con partidas destinadas a la Defensoría General de la Nación y al Ministerio de Justicia.
A diferencia de ese texto, el expediente de 2024 establecía que los gastos derivados de la aplicación de la ley debían solventarse con los recursos asignados en las leyes de presupuesto correspondientes a cada ejercicio, habilitando al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones necesarias durante el año de entrada en vigencia de la norma.
