“Los invito, por supuesto, a retomar la actividad diaria -a partir de hoy- y, de no mediar nuevos inconvenientes, pronto todo va a volver a la normalidad”, declaró el 4 de mayo el jefe de gabinete Manuel Adorni durante una conferencia en el auditorio de la Casa Rosada. Con esto, concluyeron once días en los que a los periodistas acreditados se les prohibió el acceso a Balcarce 50, un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia.
Más de un mes después de esa conferencia de prensa, la situación sigue sin cambios significativos. Los periodistas acreditados aún enfrentan restricciones dentro de la Casa Rosada, donde existen áreas a las que no pueden acceder. A pesar de múltiples solicitudes a la Secretaría de Prensa y Comunicación, dirigidas por Javier Lanari, los problemas persisten, y no parece que se vislumbre una solución inminente.
La dinámica de trabajo de los acreditados se transformó radicalmente tras la decisión del gobierno de restringir el ingreso de los periodistas. Este cambio fue impulsado por una denuncia penal de Casa Militar contra dos reporteros por supuestas grabaciones no autorizadas. La denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acusados de “espionaje” por grabar dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, fue finalmente desestimada por la Justicia.
Para poder ingresar a la Casa Rosada, cada periodista ahora debe identificarse y, en algunos casos, presentar su DNI. El acceso se realiza por la reja de Balcarce 78, donde se encuentra la comisaría, lugar que no permite el ingreso de funcionarios ni visitantes, a diferencia del acceso tradicional a través de Balcarce 24.
Una vez en el edificio, los periodistas deben pasar por un escáner y una verificación exhaustiva por parte de un agente. Allí, el personal de Casa Militar entrega la credencial de cada acreditado, que ahora debe ser llevada en todo momento y devuelta al salir (anteriormente, los acreditados podían conservarla). Luego de superar estos controles, los periodistas ascienden por una escalera lateral al primer piso, donde se sitúa la sala de prensa.
Al llegar a la sala, los acreditados se encuentran con un espacio que carece de aire acondicionado y calefacción desde el comienzo de la actual administración. Las áreas de acceso al balcón que conectan con el salón de los Científicos y el salón Eva Perón están restringidas, y las puertas de vidrio que los conectan han sido esmeriladas por orden gubernamental. Además, la circulación por el ala opuesta, donde se encuentran las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo y otros funcionarios, está prohibida.
Esta limitación se extiende al Patio de las Palmeras, ubicado en la planta baja, que anteriormente permitía a los periodistas cubrir la entrada y salida de funcionarios y visitantes internacionales desde la explanada de la calle Rivadavia. Este patio también alberga el Ministerio del Interior, que, hasta la llegada de Diego Santilli, mantenía un acceso abierto a la prensa, así como la oficina de Adorni.
Desde mediados de 2025, a los periodistas se les prohibió permanecer en el patio mientras el presidente Javier Milei llegaba o se retiraba de la Casa, medida que oficialmente se justifica por razones de seguridad, y que no había sido implementada en administraciones anteriores.
Además, el personal de Casa Militar se encarga de vigilar constantemente a los periodistas, siendo común observar su presencia en los pasillos vecinos a la sala de prensa durante las conversaciones o llamadas de los acreditados.
El 13 de mayo, el juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia gubernamental contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, quienes habían sido acusados de “espionaje” por utilizar lentes inteligentes para grabar en el interior de la Casa Rosada. A pesar de que este fue el argumento que sustentó las restricciones, la situación permanece sin cambios desde entonces.
“Vamos a volver al esquema de conferencias, que van a ser…, no diarias, pero sí van a ser…, nos vamos a ver seguido, digamos, las caras”, manifestó Adorni el 4 de mayo. Regresó días después, el 8 de mayo, para presentar a los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Luis Caputo (Economía), quien se mostró visiblemente incómodo ante cuestionamientos sobre la posible existencia de sobresueldos en el Gobierno. Este evento marcó el último encuentro del jefe de gabinete y ex vocero presidencial con los periodistas acreditados en la Casa Rosada.
