En la antesala de la oficialización del decreto que pretende “agilizar” la designación de jueces y fiscales, el Gobierno evalúa la posibilidad de avanzar con la selección de las dos vacantes que permanecen en la Corte Suprema, tras el intento fallido de 2025, cuando el Senado rechazó los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Alberto García Mansilla.
Ante el panorama electoral que se aproxima y los altibajos del respaldo que ha recibido el oficialismo por parte de sus aliados en el Congreso en diversos proyectos, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, busca capitalizar el apoyo que el Senado brindó a más de 70 pliegos judiciales presentados por el Ejecutivo, a fin de completar las vacantes del máximo tribunal. Sin embargo, Javier Milei parece no estar del todo convencido de esta propuesta y prefiere esperar hasta el cambio legislativo de 2027, momento en que estima que su bloque podría contar con los votos necesarios para aprobar candidatos sin necesidad de llegar a un acuerdo con el peronismo.
El mandatario muestra desconfianza ante las maniobras políticas, tras la negociación que en 2024 llevó a cabo su asesor Santiago Caputo con el juez Ricardo Lorenzetti para ocupar los asientos de la Corte. De dicha negociación surgieron los nombres de Lijo y García Mansilla, siendo este último más cercano a los intereses de la doctrina libertaria. Aunque García Mansilla llegó a asumir su cargo en la Corte tras ser nombrado “en comisión” por el presidente, en abril de 2025 el Senado se opuso a su designación al igual que con Lijo.
Actualmente, el juez federal que investiga al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en un caso de presunto enriquecimiento ilícito, se encuentra en París participando de una jornada del GAFI junto a Mahiques. Existen muchas suspicacias al respecto. Desde algunas áreas de la Casa Rosada se insinúa que los acercamientos del ministro con el juez federal podrían favorecer la situación legal de Adorni, quien, bajo la asesoría del estudio Ledesma y expertos en cuestiones tributarias, optó por justificar su patrimonio con una suma de más de 500 mil dólares, no declarada en los registros oficiales.
El escándalo que rodea al jefe de gabinete ha llevado a algunos funcionarios a concluir que las lealtades con las bancadas aliadas del Parlamento podrían flaquear en un futuro próximo. Los gobernadores que visitan la Casa Rosada, como el chaqueño Leandro Zdero, el fueguino Gustavo Melella y el sanjuanino Marcelo Orrego, se reúnen con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ya no aceptan fotos con el presidente, quien ha sido objeto de críticas recientes. “Cada día que pasa se acortan las oportunidades” de avanzar con las vacantes en la Corte, argumentan aquellos que apoyan la propuesta de aumentar a cinco los integrantes del tribunal.
Desde el PRO, también se ha criticado el decreto que el Ejecutivo planea publicar próximamente, que modificará los requisitos para nombrar jueces federales, así como a los ministros de la Corte Suprema. Jimena de la Torre, miembro del Consejo de la Magistratura, advirtió que “la transparencia, la participación ciudadana y el control público no son obstáculo, sino garantías republicanas. El Ejecutivo aún tiene la oportunidad de evitar una señal negativa. La independencia judicial comienza con la forma en que se eligen los jueces de la Corte”.
Los funcionarios del Gobierno, por su parte, defienden la nueva regulación, argumentando que busca reducir los plazos para evitar que existan “requisitos” que demoren el tratamiento de los pliegos en la comisión de Acuerdos del Senado. Una de las reformas contempla la eliminación de las instancias administrativas previas a la nominación presidencial, que son semejantes a las que ya se implementan en el proceso del Senado. Esta aparente restricción de la participación ciudadana en el proceso ha generado reclamos por parte de sectores aliados al oficialismo.
