El conflicto tuvo su origen en un reclamo de transportistas vinculados al sistema de asignación de cargas. Los trabajadores cuestionaron la intervención de un intermediario al que acusaron de actuar como nexo obligatorio para acceder a los viajes, sin prestar un servicio logístico efectivo.
Según manifestaron los transportistas, al decidir dejar de operar bajo ese esquema perdieron automáticamente el acceso a las cargas, situación que derivó en la paralización de la actividad para decenas de familias que dependían del transporte de granos.
Además, denunciaron la existencia de un mecanismo de cobros informales mediante el cual se les exigía el pago de un porcentaje del valor de cada viaje para poder continuar trabajando. De acuerdo con su planteo, la negativa a aceptar esas condiciones provocó el cese de la asignación de fletes.
Desde la representación del sector transportista rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que los fleteros optaron por desvincularse por decisión propia, negando la existencia de intermediaciones irregulares o de cobros indebidos.
Por su parte, la empresa involucrada señaló que la distribución de las cargas responde a criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco de la libertad de contratación.
En tanto, el Municipio de General Arenales consideró que se trata de un conflicto entre privados y sostuvo que la situación excede las competencias de la administración local.
El cierre de la planta también repercute sobre otras actividades vinculadas al movimiento de la producción agropecuaria, afectando a talleres mecánicos, comercios, proveedores de insumos y distintos prestadores de servicios de la zona.
Frente a este escenario, los trabajadores insisten en la necesidad de abrir una instancia de diálogo que permita encontrar una solución al conflicto y recuperar la actividad, aunque por el momento no se registran avances que acerquen a las partes.
