La medida genera interrogantes sobre la continuidad de servicios esenciales para la actividad aeroportuaria, como la gestión de equipaje, carga y asistencia en tierra de las aeronaves que llegan y parten de ambos aeropuertos.
Según el gremio que nuclea al personal aeronáutico, unos 25 trabajadores de las bases de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia recibieron la propuesta de trasladarse a Rosario o aceptar una indemnización equivalente al 50% de la correspondiente por despido.
Al mismo tiempo, Intercargo comenzó a retirar equipamiento utilizado para atender aeronaves de fuselaje ancho. El sindicato advirtió que esta situación podría generar dificultades durante la temporada alta en El Calafate, donde arriban aviones Airbus A330-200, debido a la falta de equipos disponibles para prestar ese servicio. También existe incertidumbre sobre la asistencia en tierra del vuelo a las Islas Malvinas que opera desde Río Gallegos.
Desde el Gobierno confirmaron el cierre de las operaciones en ambas terminales, aunque aseguraron que la decisión no afectará la prestación de servicios ni a los pasajeros. La medida fue presentada como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia operativa, concentrar recursos en los puntos donde tienen mayor utilización y adaptar la distribución del equipamiento a las necesidades de cada aeropuerto.
El Ejecutivo también vinculó la decisión con la desregulación del servicio de rampa. Según el argumento oficial, las aerolíneas disponen actualmente de alternativas para contratar operadores en las distintas terminales.
Sin embargo, en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, al menos por ahora, no existen otros prestadores de servicios de rampa. La única excepción es Aerolíneas Argentinas, que realiza estas tareas para sus propias operaciones.
En el marco de la apertura del mercado aerocomercial, la Secretaría de Transporte habilitó a 15 empresas para brindar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa. No obstante, en el sector consideran que, fuera de Ezeiza y Aeroparque, son pocas las terminales que cuentan con un volumen de operaciones suficiente para generar incentivos para el desembarco de nuevos prestadores.
Ante este escenario, surgió como alternativa la posibilidad de que en los aeropuertos de menor actividad los trabajadores reciban los equipos y continúen con la prestación mediante una sociedad conformada por ellos mismos.
El gremio rechaza esa posibilidad y sostiene que Intercargo debería conservar un esquema de financiamiento integral, mediante el cual las bases con mayor rentabilidad contribuyan a sostener aquellas que no resultan rentables. El argumento es que este sistema permitiría mantener la cobertura del servicio en todas las escalas.
La situación también genera dudas entre los concesionarios aeroportuarios de ambas terminales. Desde ese sector estimaron que Intercargo podría delegar la prestación en Aerolíneas Argentinas, aunque desde la compañía aérea señalaron que no contaban con información al respecto.
La decisión se conoce después del fracaso del proceso de privatización de Intercargo. En junio, tras dos prórrogas, se realizó la apertura de ofertas para la venta del 100% de las acciones de la empresa, pero no se presentó ningún interesado. El precio base había sido fijado en US$45 millones.
El Gobierno atribuyó la falta de ofertas a los cambios producidos en el mercado de servicios de rampa como consecuencia de la desregulación impulsada por la actual administración, que permitió el ingreso de nuevos operadores y modificó el esquema en el que Intercargo tenía una posición dominante.
Desde el sector privado, en cambio, se cuestionaron las condiciones establecidas para la licitación y se señaló que el proceso dificultaba la aparición de compradores. La operación contemplaba la transferencia integral de la empresa, incluidos sus contratos, licencias y operaciones, además de la continuidad de Intercargo como unidad operativa.
