El planteo fue formalizado mediante una carta documento dirigida al canciller, en la que se solicita la aplicación de las normas argentinas que regulan las actividades comerciales y logísticas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización del país.
Entre las medidas reclamadas se encuentra la aplicación de la Ley 26.659 y del Decreto 868/2026, que establece a la Cancillería como autoridad responsable de ese régimen. También se pidió que la Embajada argentina en Chile presente una protesta formal ante el Gobierno de ese país y que se realice una denuncia diplomática ante el Reino Unido.
Los excombatientes solicitaron además el inicio de procedimientos sancionatorios contra las empresas y entidades involucradas en la operación, junto con restricciones para que los puertos argentinos no formen parte de la cadena logística vinculada con el proyecto petrolero.
Otro de los pedidos apunta a que los organismos reguladores del mercado de capitales sean informados sobre los riesgos legales que podrían enfrentar las compañías relacionadas con las actividades cuestionadas. También reclamaron que los buques que se dirijan hacia las islas cumplan con el Decreto 256/2010 y que no se otorguen las autorizaciones correspondientes cuando no se ajusten a esa normativa.
La presentación incluye además un pedido para que el Gobierno argentino lleve el reclamo ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Mercosur.
Los excombatientes sostienen que el canciller cuenta con un plazo de 72 horas para responder y consideran que la aplicación de las normas involucradas constituye una obligación legal.
El reclamo se produce en un momento de renovada tensión por la cuestión Malvinas y por las diferencias entre Argentina y Chile en torno al Estrecho de Magallanes. En ese contexto, Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, tienen previsto viajar este viernes a Tierra del Fuego para inspeccionar el lugar donde se establecerá la base naval integrada en Ushuaia.
La situación también generó una respuesta del Gobierno británico. El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, reafirmó la posición de su país respecto del archipiélago y sostuvo que Londres defenderá las islas. También destacó el compromiso británico con sus habitantes y con su decisión de identificarse como británicos.
La ministra británica de Exteriores, Kirsty McNeill, había expresado previamente que el Gobierno del Reino Unido no tiene dudas sobre su posición respecto de la soberanía de las islas y reafirmó su compromiso con los derechos democráticos de sus habitantes.
Argentina, en tanto, mantiene su reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas y considera al archipiélago parte de su territorio. El Gobierno también cuestiona las actividades de exploración y explotación de recursos naturales desarrolladas en el área sin autorización argentina.
