El primer paso será una prueba piloto que se pondrá en marcha antes de finalizar 2026 y permitirá que las entidades financieras consulten, con autorización del cliente, información disponible en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De esta manera, un banco podría conocer, por ejemplo, si una persona que trabaja de manera informal también registra ingresos como monotributista o recibe un beneficio social.
El acceso a esos datos tendrá una condición indispensable: el consentimiento expreso del cliente. Sin esa autorización, las entidades no podrán consultar la información.
El esquema forma parte de un trabajo que el Banco Central viene desarrollando con el sistema financiero desde el año pasado. El organismo busca que la apertura de información permita reducir las asimetrías entre bancos y clientes, mejorar las condiciones de financiamiento y promover nuevas fuentes de crédito para la economía real.
La primera etapa estará concentrada en los datos administrados por ARCA, que reúne información proveniente de distintas bases de organismos públicos. A partir de allí, el objetivo es avanzar progresivamente hacia un sistema que permita compartir información financiera de los clientes, siempre bajo autorización.
El proyecto también apunta a modificar una de las dificultades que enfrentan actualmente quienes buscan financiamiento. Tanto en bancos como en empresas de servicios financieros, muchas personas reciben condiciones más costosas porque las entidades disponen de información limitada para determinar su perfil crediticio, basada en registros de antecedentes financieros y otras fuentes similares.
El Banco Central trabaja, además, en la estandarización de dos elementos considerados fundamentales para el funcionamiento del sistema: la autenticación y el consentimiento. A partir de esas definiciones se prevé extender el mecanismo a diferentes organismos y fuentes de información.
La participación dentro del SFA tendrá distintas modalidades. Algunos actores deberán integrarse de manera obligatoria, mientras que otros podrán hacerlo voluntariamente, en función de los servicios que quieran ofrecer y de los beneficios comerciales que encuentren en el sistema. Para las entidades alcanzadas por la obligación, la implementación implicará costos operativos y económicos.
El desarrollo de este mecanismo se produce en paralelo con otros cambios que el Banco Central prevé para los próximos años. Entre las medidas que el sistema financiero reclama y que, según lo señalado por el organismo, podrían quedar para 2028 figuran la posibilidad de que los bancos operen con criptomonedas y que las empresas de servicios financieros puedan contar con cuentas CVU en dólares.
El Banco Central también destacó la diferencia entre el nivel de crédito de la Argentina y el desarrollo de su sistema de pagos. Mientras el financiamiento bancario tiene una dimensión reducida en comparación con otros países de la región, los medios de pago presentan un alto grado de desarrollo y una fuerte expansión de alternativas.
En ese marco, la apertura progresiva de información financiera aparece como uno de los instrumentos con los que el organismo busca ampliar el acceso al crédito y mejorar la evaluación de los clientes. El primer ensayo, basado en datos de ARCA y sujeto al consentimiento de cada persona, será el punto de partida para la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas prevista para 2027.
