La formación involucrada era la locomotora 005, que había permanecido seis meses fuera de servicio antes de ser reacondicionada. El accidente implica ahora una interrupción estimada de entre tres y cuatro meses para el transporte de carbón y, según estimó el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, genera pérdidas por unos USD 10 millones.
Los dos trabajadores que viajaban a bordo no sufrieron heridas graves y fueron dados de alta después de permanecer algunas horas en observación. El hecho se produjo cerca de la estación Ingeniero Capa, en una zona restringida y de difícil acceso ubicada a unos 100 kilómetros tanto de Río Gallegos como de Río Turbio.
La hipótesis inicial estuvo vinculada a una posible falla técnica, pero la inspección posterior incorporó otro escenario. El equipo de vías que llegó al lugar no encontró daños visibles que permitieran explicar el descarrilamiento. Según Gordillo, también fueron descartadas, hasta ese momento, fallas en la vía, la locomotora o la actuación de los conductores.
El conductor había señalado que la vía se había abierto en el momento del accidente. Sin embargo, la revisión realizada posteriormente determinó que los rieles estaban completos y que no se habían cortado ni roto en el sector donde ocurrió el descarrilamiento.
A unos 20 metros del lugar donde cayó la locomotora apareció un artefacto ferroviario en desuso que, según la inspección, no debía encontrarse sobre las vías. Gordillo sostuvo que se trata de un elemento utilizado en otra época y que, por sus características y antigüedad, no habría llegado hasta allí de manera accidental. Para el interventor, alguien lo habría colocado deliberadamente en ese punto con conocimiento de que podía provocar el descarrilamiento.
El funcionario también señaló que la formación había atravesado ese mismo sector durante distintas pruebas realizadas antes de comenzar a operar y que el tramo había sido inspeccionado pocos días antes del accidente.
La posibilidad de un sabotaje fue planteada públicamente por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien reclamó determinar cómo llegó el artefacto hasta el lugar y establecer las responsabilidades correspondientes. YCRT presentará una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y solicitará además un peritaje de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Por el momento, no existen conclusiones periciales que confirmen que se trató de un sabotaje y el episodio continúa bajo investigación.
El impacto sobre la actividad de YCRT es relevante porque la empresa mantiene un contrato por 210.000 toneladas de carbón, volumen que representa aproximadamente 30 viajes entre Río Turbio y el punto de embarque. La interrupción del transporte afecta directamente el cumplimiento de esas operaciones.
El accidente se produce, además, mientras continúa sin definición el proceso de transformación de la compañía estatal. YCRT es responsable de la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio y de la generación de energía eléctrica para la región. Fue creada en 1958 bajo el nombre de Yacimientos Carboníferos Fiscales y atravesó un primer proceso de privatización en 1993, que fue revertido en 2002 con el regreso de la empresa al control estatal.
Desde 2024, la compañía figura entre las entidades sujetas a privatización a partir de la Ley de Bases. A comienzos de este año, el Gobierno nacional dispuso su conversión en sociedad anónima bajo el nombre de Carboeléctrica Río Turbio, aunque todavía no está definido el ingreso de capital privado.
El proceso está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher. Gordillo señaló que su función es mantener operativa la compañía hasta que pueda concretarse la incorporación de capital privado.
YCRT cuenta actualmente con 1.978 trabajadores y su funcionamiento se sostiene en un 92% con financiamiento del Estado nacional. A diferencia de otras empresas públicas involucradas en procesos de transformación, todavía no recibió autorización para aplicar retiros voluntarios ni mecanismos de reducción de personal. Según Gordillo, esas decisiones corresponden al Estado y deberán avanzar bajo el mismo esquema utilizado en otros procesos de privatización.
