La propuesta contempla cancelar deudas con empresas contratistas mediante la entrega de bonos en moneda local, con un plazo mínimo de amortización de un año. Según los fundamentos del proyecto, el esquema apunta a preservar la continuidad del plan de Gobierno y la ecuación económica y financiera de los proveedores, sin incrementar los pasivos de la Ciudad.
Para ingresar en el mecanismo, las obligaciones deberán estar emitidas, conformadas y aprobadas por la autoridad competente, además de encontrarse devengadas, ser exigibles y permanecer pendientes de cancelación al momento de la colocación de los títulos.
El proyecto establece que la tasa de interés tomará como referencia la TAMAR, fijada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos mayoristas a plazo fijo de entre 30 y 35 días, por montos iguales o superiores a $1.000 millones. La legislación aplicable será la argentina y las controversias quedarán bajo la jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad.
Durante una presentación ante la Legislatura porteña, la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, explicó que la emisión funcionaría como una herramienta financiera para afrontar una caída de recursos estimada en alrededor de $600.000 millones para 2026. También indicó que se prevé que los títulos tengan vencimiento en 2029 y que la tasa se aplique sin un margen adicional.
Uno de los puntos que generó cuestionamientos entre los legisladores fue la posibilidad de utilizar un instrumento de deuda para cubrir obligaciones vinculadas con gastos corrientes. Desde el bloque Confianza y Desarrollo plantearon dudas sobre los intereses que podría generar la operación y sobre sus efectos en las relaciones contractuales con futuros proveedores. También reclamaron precisiones acerca del volumen total de la deuda y de si la adhesión al mecanismo será voluntaria o compulsiva.
En la misma línea, desde Fuerza Buenos Aires solicitaron información detallada sobre la cantidad de proveedores involucrados, los rubros a los que pertenecen, la antigüedad de las obligaciones y las características de los contratos alcanzados.
Flores defendió la iniciativa al sostener que no representará un gasto adicional para la Ciudad y que su finalidad es garantizar la continuidad de las obras y los servicios públicos en un contexto de menores ingresos. Según explicó, el monto de la emisión se relaciona con la caída proyectada en la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representaría una reducción cercana al 6% hacia el cierre de 2026.
En relación con las obligaciones pendientes con contratistas, la funcionaria afirmó que la situación actual debe analizarse en función de las proyecciones presupuestarias y que cada caso será evaluado. También mencionó intereses por $114.000 millones dentro del esquema planteado.
La situación financiera porteña está condicionada, además, por las demoras en la transferencia de fondos de coparticipación por parte del Gobierno nacional. Nación y Ciudad acordaron cancelar una deuda de $813.000 millones mediante cuatro bonos, con vencimientos distribuidos en distintas fechas.
Los dos primeros títulos, equivalentes cada uno al 20% del total, vencieron el 30 de junio y el 31 de agosto. Todavía resta un tercer bono por el 20%, previsto para fines de octubre, y un cuarto por el 40%, cuyo pago está programado para abril de 2027. Este último representa la porción más importante del acuerdo pendiente y constituye otro factor de presión sobre las cuentas de la administración porteña.
Desde el Gobierno de la Ciudad sostienen que la regularización de esos fondos permitiría aliviar las restricciones financieras en un escenario de menor actividad económica. También señalan que existe un atraso de un mes en el pago de la coparticipación por parte de la Nación.
La iniciativa deberá reunir los apoyos necesarios en la Legislatura, donde el PRO no cuenta con mayoría propia. Mientras el oficialismo busca avanzar con la autorización para emitir los bonos, los bloques opositores reclaman información adicional para evaluar el alcance de la medida. El debate se desarrolla en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2027 presentado por Jorge Macri.
