Uno de los proyectos pendientes es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa enfrenta cuestionamientos por los artículos que contemplan la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
Desde la oposición advierten que ese organismo, bajo control presidencial, concentraría amplias facultades para definir políticas de seguridad, supervisar dependencias estatales y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. También cuestionan sus atribuciones sobre el control de los espacios aéreos, marítimos y fluviales, al considerar que podrían generar conflictos constitucionales.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi anticipó que el texto podría sufrir modificaciones durante su tratamiento en la Cámara baja. En ese escenario, señaló a Patricia Bullrich, referente de La Libertad Avanza en el Senado, como una figura relevante en las negociaciones para introducir cambios.
La senadora también expresó diferencias sobre otras iniciativas oficiales, entre ellas la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y reclamó modificaciones al Presupuesto 2027 por los recortes previstos para el sistema de discapacidad.
Dentro del oficialismo reconocen que Bullrich busca sostener un perfil propio, aunque consideran que mantiene el respaldo del presidente Javier Milei y de Karina Milei. Según interpretaciones que circulan en el espacio gobernante, sus diferencias podrían estar vinculadas con las negociaciones electorales del próximo año y con la búsqueda de mayor representación en las listas legislativas.
Mientras el Gobierno intenta ordenar su agenda parlamentaria, el sector industrial reclama medidas para contener el deterioro de la actividad y evitar nuevas pérdidas de puestos de trabajo. Los empresarios señalan la debilidad de la demanda interna y el aumento de las importaciones como factores que afectan la producción local.
La situación tiene un impacto particular en la provincia de Buenos Aires. Un informe sectorial correspondiente a septiembre registró una caída del 5,7% del empleo industrial entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, equivalente a 30.748 puestos de trabajo registrados menos.
Entre las preocupaciones del sector también figura el avance del contrabando, señalado por empresas industriales como un factor que perjudica la rentabilidad y dificulta la competencia con la producción nacional. Frente a este escenario, empresarios y representantes sindicales reclaman mayores controles sobre el ingreso de mercadería.
Sin embargo, la capacidad operativa de la Aduana también genera inquietud. Desde distintos sectores advierten que los recortes y la falta de personal especializado habrían reducido los recursos disponibles para reforzar las tareas de fiscalización.
Con las discusiones legislativas todavía abiertas y los reclamos industriales en aumento, el Ejecutivo deberá atender las negociaciones en el Congreso y las demandas de un sector que advierte sobre el impacto de la menor actividad en el empleo.
