El recurso fue presentado por el abogado defensor Gastón Marano y apunta contra un estudio de esterilidad realizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio privado Gobbi Novag S.A. El análisis examinó muestras de conservación obligatoria de distintos lotes de fentanilo fabricados por HLB Pharma, además de material remitido por el Hospital Italiano de La Plata.
La defensa considera que esa pericia fue determinante para establecer la relación entre las bacterias encontradas en las ampollas y las detectadas en pacientes afectados. La coincidencia genética entre ambos materiales, confirmada por el Instituto Malbrán, constituye uno de los principales elementos probatorios de la investigación.
García Furfaro fue procesado en septiembre de 2025 por presunta adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte y por la elaboración de medicamentos de un modo peligroso para la salud. En mayo de 2026, el juez federal Ernesto Kreplak amplió la imputación y elevó de 20 a 90 la cantidad de fallecimientos reconocidos judicialmente. También incorporó 44 casos de pacientes que sobrevivieron, pero sufrieron lesiones de distinta gravedad.
Según la resolución judicial, al empresario se le atribuye haber tenido capacidad de decisión sobre los aspectos centrales de ambos laboratorios y conocimiento de las deficiencias productivas que habrían provocado la contaminación de los lotes investigados. Además, se lo acusa de haber eliminado información digital de la empresa y de no haber dispuesto el recupero de partidas comercializadas pese a conocer la situación. Estas imputaciones forman parte de la acusación y no constituyen una condena firme.
El pedido de nulidad se apoya en presuntos incumplimientos de las normas procesales y técnicas. Marano sostiene que las defensas no fueron notificadas de la realización de la pericia ni pudieron designar expertos propios para supervisarla. También cuestiona la elección del laboratorio encargado de los análisis y plantea dudas sobre las condiciones ambientales en las que se realizaron las pruebas.
Otro de los argumentos se refiere a la cadena de custodia de las muestras. Según el escrito, faltaría documentación suficiente para reconstruir el recorrido del material analizado y garantizar que las ampollas examinadas fueran las mismas que habían sido remitidas originalmente. La defensa considera que estas deficiencias podrían comprometer la validez de los resultados.
El recurso también cuestiona la intervención del INAME y de la ANMAT, organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, señala que las propias autoridades de control quedaron bajo investigación en otro tramo de la causa por posibles omisiones en sus funciones. Para la defensa, ese contexto obliga a revisar la imparcialidad de los informes técnicos que sustentaron parte de la acusación.
Frente a estos planteos, una de las querellas sostuvo que las objeciones no alteran la relevancia de la prueba, ya que el Instituto Malbrán identificó coincidencias genéticas entre las bacterias halladas en pacientes y las encontradas en ampollas de fentanilo. La validez de los cuestionamientos deberá ser evaluada por la Justicia.
García Furfaro permanece procesado junto con otras personas vinculadas a los laboratorios y a los organismos de control. En total, el expediente comprende a 13 imputados, con distintas situaciones procesales. Las defensas también apelaron la ampliación de los procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata.
Como pedido principal, Marano solicitó que se declaren nulas las actuaciones realizadas por el INAME y Gobbi Novag. En forma subsidiaria, pidió repetir la pericia con profesionales independientes y participación de expertos designados por las defensas, con preferencia por universidades públicas.
La presentación introduce además una reserva de caso federal, al considerar que la continuidad de la prueba cuestionada podría afectar el derecho de defensa de su representado. Ahora, el planteo deberá ser analizado en el marco de una investigación que busca establecer las responsabilidades penales por la producción y distribución del fentanilo contaminado.
