La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó la falta de asistencia y sostuvo que las ausencias resultaban difíciles de justificar frente a la agenda prevista. También advirtió que la situación alcanzó a legisladores de su propio espacio y consideró que las negociaciones políticas condicionaron el funcionamiento parlamentario.
Según planteó la legisladora, los asuntos que quedaron sin debatir tienen consecuencias directas en las provincias, algunas de las cuales atraviesan dificultades económicas y sociales. En ese sentido, mencionó a Santa Fe como ejemplo de los distritos afectados y criticó a quienes tampoco habían participado de las actividades parlamentarias realizadas durante la semana, incluidas reuniones con funcionarios.
Strada apuntó especialmente contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la posición de los diputados vinculados con su espacio político. A su entender, la ausencia de esos representantes respondió a una relación previa con el oficialismo y a entendimientos que habrían condicionado su participación en debates considerados relevantes por la oposición.
La diputada también cuestionó el tratamiento de un dictamen relacionado con la Ley de Tierras, incorporado a una iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. En ese marco, reclamó que el contenido de la propuesta se discuta de manera abierta y criticó la forma en que fue incorporado al debate legislativo.
Las diferencias entre los sectores opositores también quedaron expuestas al recordar votaciones anteriores, entre ellas la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Strada cuestionó a los legisladores que acompañaron esa iniciativa, en particular a quienes se identifican con el peronismo, y advirtió sobre los cambios que, según su interpretación, favorecen el reemplazo de relaciones laborales de dependencia por esquemas de contratación como el monotributo.
La falta de quórum se produjo en un contexto de reclamos por el financiamiento de las universidades públicas y la emergencia en discapacidad. La legisladora vinculó esas demandas con las dificultades que enfrentan estudiantes y familias, y destacó el esfuerzo de quienes participan de las movilizaciones para sostener sus reclamos.
En materia educativa, sostuvo que el Poder Ejecutivo no modificará su postura sin una presión política significativa y cuestionó la voluntad del Gobierno de garantizar el financiamiento universitario. También señaló que el Congreso dispone de herramientas institucionales para intervenir, aunque consideró que su efectividad depende de que se logre reunir el respaldo necesario para aprobar las iniciativas.
Strada extendió sus críticas al funcionamiento de las instituciones y al cumplimiento de las decisiones judiciales. En particular, mencionó la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cuenta con tres integrantes, y describió la situación como una crisis institucional por la falta de una integración más amplia del máximo tribunal.
La diputada consideró que las movilizaciones en defensa de las universidades y de las personas con discapacidad reflejan la existencia de una base social dispuesta a sostener sus demandas. Sin embargo, advirtió que esas expresiones no bastan por sí solas para modificar las decisiones del Gobierno y planteó la necesidad de construir una alternativa política.
De cara a las elecciones de 2027, sostuvo que la oposición debería avanzar con los proyectos de ley que consiga impulsar y fortalecer la coordinación entre distintos sectores. Aunque reconoció que las diferencias internas pueden favorecer al oficialismo, llamó a construir una confluencia amplia de fuerzas democráticas para enfrentar la gestión de Milei.
La sesión frustrada volvió a poner en primer plano las dificultades de la oposición para reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Para Strada, las ausencias deben ser evaluadas políticamente y cada espacio tendrá que asumir su responsabilidad si pretende construir una propuesta común para los próximos comicios.
