En la Casa Rosada advierten que la clave de los próximos meses es lograr bajar la inflación y apuntalar la gestión de Sergio Massa. Incertidumbre sobre la agenda judicial de la Vicepresidenta y su reacción frente al tribunal
A partir de hoy hay dos temas importantes que preocupan dentro del gobierno nacional. El primero es que el ministro de Economía, Sergio Massa, logre dar respuestas a la crisis. El segundo es que la agenda judicial de Cristina Kirchner no tenga un correlato en la calle, explicitado en un descontento de la militancia sobre el avance de la causa de Vialidad y el enojo de su líder política por lo que considera que es una persecución política.
La endeble situación económica que atraviesa la Argentina quedó en un segundo orden dentro de la agenda del Gobierno en las últimas 72 horas. El foco estuvo puesto en el alegato de la fiscalía que investigó a la Vicepresidenta y la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre la estructura del Estado, por la que se benefició al empresario Lázaro Báez en contratos para realizar obra pública en Santa Cruz.
Eso fue un respiro para el Gobierno. Pero la realidad económica lo vuelve a cachetear. Sobre todo, el anhelo de señales positivas que bajen desde el quinto piso del Palacio de Hacienda. En el peronismo, al igual que en el sector empresario, las expectativas sobre los logros que pueda obtener Massa empezaron a desinflarse lentamente. En gran medida, por la necesidad de respuestas casi inmediatas. Una utopía.
“De acá hasta que se cierre el año no habrá buenas noticias para dar. Esa es la realidad”, sentenció un funcionario kirchnerista. El aumento de las tarifas y el recorte en los presupuestos de algunos ministerios fueron las primeras noticias indeseables. En el espacio político que conduce la Vicepresidenta asumen que el destino del Gobierno es incierto y que será difícil lograr que la gestión levante vuelo. Hay pesimismo y resignación.
En el sector más cercano al Presidente, en cambio, son más cautos. Patean las definiciones para adelante y dejan la moneda girando en el aire. “La inflación del mes que viene va a ser muy mala. Esperamos que en septiembre empiece un camino a la baja y la situación económica mejore”, explicó un dirigente de confianza de Alberto Fernández.
En la Casa Rosada el optimismo no sobra. Saben que la inflación es un mal que obtura cualquier buena noticia que se intente dar sobre la gestión. La medición de agosto, que se conocerá el miércoles 14 de septiembre, tendrá un fuerte impacto político. Y, sobre todo, en la sociedad, que está cada vez más asfixiada por la suba de precios.Esperan que el índice inflacionario esté cerca del 7%.
“Hay tres variables que son clave y, en gran medida, el futuro del Gobierno dependerá de eso. ¿Cuáles? Si Massa consigue los dólares necesarios, cómo actúa CFK frente a una posible condena y cómo percibe la sociedad el aumento de las tarifas”, reflexionó un importante legislador del oficialismo, con acceso al despacho presidencial.
En el Frente de Todos hay quienes temen que la Vicepresidenta continúe agitando su enfrentamiento con la justicia federal y eso alimente, aún más, el enojo de la militancia que ayer la estuvo acompañando en la puerta del Congreso y de su departamento ubicado en Recoleta. Creen que complicaría el escenario político interno y, posiblemente, el plan de paz y estabilidad que planteó Massa cuando arrancó su gestión.
“Temo por lo que pase en la calle”, reveló un funcionario con despacho en la Casa Rosada, donde todos se dieron cuenta, luego de mirar el encendido discurso desde el Congreso, que la Vicepresidenta está muy enojada y que puede actuar en consecuencia. Es decir, que puede seguir enfrentando a los fiscales y los jueces, y que el clima político se puede enrarecer en cuestión de horas.
Otro funcionario, cercano al Presidente, se expresó en la misma línea. “Podría ser peligroso una condena de Cristina. Podría tener una repercusión fuerte en la calle. La causa es un disparate jurídico”, confesó.
Lo que tienen en claro también es que una posible condena tardará en quedar firme. Si el Tribunal Federal Oral 2 la condena en primera instancia, la defensa de Cristina Kirchner podría apelar el fallo en la Cámara de Casación. Si esta Cámara decide respaldarlo, podrá apelar en la Corte Suprema. Entonces, recién en ese momento, cuando el máximo tribunal decida, habrá condena firme o no.
Quienes conocen los tiempos legales advierten que eso puede tardar cerca de dos años. Sin embargo, lo que preocupa en el peronismo es el impacto real que tendrá una posible condena a la Vicepresidenta sobre el tramo final de la gestión y las elecciones del 2023. El escenario actual, y el que puede construirse en el corto plazo, es de absoluta incertidumbre.
En el seno del Gobierno advierten que una posible condena a Cristina Kirchner puede “generar un antecedente peligroso” porque la causa “no tiene pruebas” y, entonces, “a partir de ese momento cualquiera podría caer preso”. En Balcarce 50 hay alineamiento total respecto a la causa de Vialidad. Todos creen que no tiene sustento y que el juicio es “un show montado”.
En lo que respecta al respaldo público a la Vicepresidenta, en las últimas horas perdió fuerza la idea de hacer una marcha para apoyarla. “Ya habló Cristina. Ya dijo lo que tenía que decir. Ya está”, indicaron en la Casa de Gobierno. Sin embargo, lo que haga la Vicepresidenta de aquí en adelante es impredecible.
En la coalición hay posturas distintas sobre el posible accionar de la titular del Senado. Hay quienes creen que acentuará su discusión pública contra la Justicia para presionar sobre la decisión del Tribunal, mientras otros sostienen que primará su costado pragmático y que no incitará más a su gente, ya que sabe que lo único que lograría sería alterar el clima del Gobierno y la agenda política.
Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a hablar este martes, después de la exposición de la Vicepresidenta en sus redes sociales. Lo habían hecho también el día anterior, luego del alegato del fiscal Diego Luciani. Según anticiparon en Casa Rosada, en un corto plazo se reunirán. Será, en principio, una nueva señal de acercamiento.
“Es importante que la relación de ellos esté estable. Importante para la estabilidad del Gobierno. Depende, exclusivamente, de ellos dos”, sostuvo un dirigente de confianza del Presidente. Los cierto es que el vínculo entre ambos es zigzagueante. Pasan de llamado de teléfono a la distancia fría del silencio. Esta vez la gravedad de la causa judicial y el pedido de condena los unió. Una nueva tregua sin plazo.
