Durante la segunda ronda de alegatos, la delegación argentina defendió la competencia del organismo para intervenir de manera provisoria y sostuvo que existen derechos que deben ser protegidos hasta que se resuelva la controversia de fondo. Además, advirtió que el avance de las operaciones petroleras podría ocasionar daños irreparables.
Uno de los argumentos centrales fue que el Tribunal puede disponer medidas cautelares sin necesidad de pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La posición argentina sostiene que la cuestión sometida a consideración en esta instancia es la explotación unilateral de recursos naturales en una zona disputada.
La urgencia del pedido estuvo vinculada con el avance del proyecto Sea Lion. Según los argumentos presentados, la decisión final de inversión adoptada el 10 de diciembre de 2025 marcó el paso de la etapa exploratoria a una fase concreta de desarrollo y explotación petrolera.
El plan contempla la perforación de hasta 26 pozos, la instalación de infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo. Para la delegación argentina, estas características demuestran que las actividades proyectadas representan un riesgo concreto y que es necesario intervenir antes de que las operaciones avancen.
Durante las exposiciones también se remarcó que el organismo internacional puede actuar dentro de sus atribuciones para evitar un perjuicio irreversible mientras se desarrolla el arbitraje. La delegación sintetizó la urgencia de su posición con una advertencia: «Es ahora o nunca».
En el tramo final de los alegatos, el consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, reiteró que, a criterio del país, están reunidas las cuatro condiciones necesarias para conceder medidas provisionales: competencia a primera vista, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de daño irreparable y urgencia.
El pedido argentino incluye la prohibición de realizar nuevas perforaciones y de instalar equipos de producción relacionados con Sea Lion. También solicita impedir el uso perjudicial de información obtenida durante las tareas de exploración y garantizar que el país pueda cumplir con sus obligaciones de protección del medio marino.
Otro de los objetivos planteados es evitar nuevas acciones que profundicen la controversia entre ambos Estados mientras continúa el proceso internacional.
La delegación sostuvo que la presentación ante el Tribunal forma parte de una estrategia jurídica más amplia y que el reclamo argentino continuará independientemente de la resolución sobre las medidas provisionales. En ese sentido, el objetivo inmediato es conseguir la suspensión de las actividades de explotación de hidrocarburos hasta que avance el procedimiento arbitral.
Asimismo, el país anticipó que continuará utilizando las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles para defender sus derechos sobre los recursos naturales de las áreas en disputa.
Con la finalización de las audiencias, el Tribunal deberá analizar los argumentos presentados por las partes y emitir una resolución sobre las medidas solicitadas. Por el momento, no existe una fecha establecida para conocer el pronunciamiento.
