El magistrado ya cuenta con los registros de movimientos migratorios y detectó coincidencias en algunos itinerarios. Ahora busca establecer quién contrató y pagó los pasajes, qué agencias intervinieron y si los gastos fueron afrontados por el sindicato, la obra social o la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM).
Los requerimientos enviados a las compañías aéreas incluyen pedidos de copias de las reservas, fechas de contratación, canales utilizados para adquirir los tickets, identidad de las personas o empresas que realizaron los pagos y medios empleados para concretar las operaciones.
El período investigado comienza el 27 de febrero de 2023, cuando se firmó el contrato entre la UOM y USEM. Además de Calle y Furlán, los pedidos de información comprenden los movimientos de Adalberto Braconi, socio de la dirigente y presidente de la firma, y de Osvaldo Lobato, ex secretario administrativo del gremio.
Los registros muestran que Calle realizó la mayor cantidad de viajes internacionales entre las personas alcanzadas por la investigación. Durante 2023 efectuó once salidas al exterior, con destinos en Uruguay, México, Francia, Brasil, Holanda e Italia. En uno de los movimientos registrado con destino a Holanda, el viaje tuvo como destino efectivo Sudáfrica.
Gran parte de esos desplazamientos habría estado relacionada con su actividad sindical internacional. La dirigente llegó a ocupar ese espacio por su cercanía con Furlán y su participación en una federación gremial con representación en América Latina y el Caribe.
En las últimas semanas, su defensa incorporó al expediente correos electrónicos y documentación con los que busca acreditar que los viajes respondían a invitaciones recibidas para participar de distintas actividades.
Durante 2024, Calle volvió a registrar doce viajes internacionales, prácticamente uno por mes. En junio estuvo en Brasilia, donde participó de un encuentro sobre la situación política y social de los países de la región junto a representantes del ámbito sindical y político argentino, entre ellos la senadora Anabel Fernández Sagasti y el exlegislador Oscar Parrilli.
La cantidad de desplazamientos se mantuvo durante 2025, cuando volvió a realizar doce viajes. Tres tuvieron como destino distintos países europeos, uno fue a Estados Unidos y el resto correspondió a destinos de América Latina.
En lo que va de 2026, los registros incorporados a la causa contabilizan seis viajes de Calle. El más reciente ocurrió a fines de septiembre, cuando ya se encontraba bajo investigación judicial, y tuvo como destino Francia.
Los movimientos de Furlán fueron menos numerosos. Durante este año realizó un viaje a Holanda, mientras que en 2025 registró tres desplazamientos, con destinos en México, Italia y Brasil. En 2024 había efectuado otros cuatro viajes: dos a Chile, uno a Brasil y uno a Alemania.
Al comparar los registros migratorios, el juzgado encontró coincidencias en distintos períodos. Una de las más relevantes corresponde a junio de 2024, cuando ambos viajaron a Alemania. Furlán permaneció en ese país entre el 3 y el 14 de junio, mientras que Calle salió el mismo día y regresó el 17. Los dos utilizaron vuelos de la misma compañía aérea.
También se detectaron coincidencias en desplazamientos realizados durante mayo y julio de 2023. En noviembre de ese año volvieron a compartir destino: Furlán estuvo en Brasil entre el 7 y el 9, mientras que Calle permaneció allí desde el día 6 hasta el 9.
La investigación busca determinar si esos viajes fueron contratados mediante reservas conjuntas o a través de una misma agencia. Por eso, el juez pidió a las aerolíneas que informen si los pasajes fueron emitidos bajo una misma reserva y si las facturas se confeccionaron a nombre de la UOM, su obra social o USEM.
Además, solicitó que se detalle si las agencias intervinientes también organizaron alojamientos u otros servicios vinculados con los desplazamientos. Los mismos requerimientos de información fueron enviados directamente al sindicato, a la obra social y a la empresa.
En el marco de la causa, Furlán fue citado a declarar para el 17 de noviembre, mientras que Calle deberá presentarse el día 24. También fueron convocados otros integrantes y exintegrantes de la conducción sindical, entre ellos Esteban Lobato, ex secretario administrativo; Adalberto Braconi, presidente de USEM; Naldo Brunelli, ex secretario adjunto; y José Ortíz, tesorero de la organización.
Todos aparecen vinculados con los contratos que el sindicato y la obra social firmaron con USEM en febrero de 2023, apenas 82 días después de la creación de la empresa. A partir de esos acuerdos, la firma comenzó a recibir el 0,5% del total de los aportes realizados por los trabajadores metalúrgicos. Según las estimaciones incorporadas a la investigación, ese mecanismo habría generado ingresos cercanos a los $100 millones mensuales.
Otro elemento que forma parte del expediente es que Calle ya figuraba como empleada de la UOM y representaba al sindicato ante organismos internacionales cuando se establecieron esos acuerdos.
La causa por presunta administración fraudulenta se inició a partir de una denuncia presentada por tres dirigentes, con patrocinio letrado. Como consecuencia de las irregularidades detectadas, a fines de mayo se dispuso una intervención en la UOM, que quedó bajo la conducción de Alberto Biglieri, abogado vinculado al radicalismo porteño, quien además tiene previsto asumir este jueves en el Consejo de la Magistratura.
En septiembre, Ercolini había dispuesto levantar el secreto fiscal y avanzar con medidas destinadas a reconstruir el patrimonio de Calle. Para ello, solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Anses, Migraciones y la Prefectura Naval.
También requirió al escribano que intervino en la operación inmobiliaria de San José 1111 una copia de la escritura correspondiente a la adquisición del primer piso, con el objetivo de conocer las condiciones y los detalles de la compra.
Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es el origen de los fondos utilizados para esa operación inmobiliaria. Un informe reservado elaborado por la intervención sindical señala que la empresa vinculada a Calle recibió un total de $2.466.334.995 en concepto de honorarios.
De acuerdo con ese relevamiento, los ingresos alcanzaron los $698 millones durante 2024, ascendieron a $1.086 millones en 2025 y sumaron otros $681 millones entre enero y julio de 2026. Estos movimientos económicos forman parte de los elementos que la Justicia busca analizar para determinar el destino de los fondos y establecer si existieron irregularidades en su administración.
