La discusión surgió después de que un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) planteara que la tendencia descendente de la pobreza pierde fuerza e incluso puede revertirse cuando se utilizan metodologías alternativas de cálculo. El análisis también señaló diferencias entre los resultados oficiales y las estimaciones obtenidas mediante una actualización de los criterios utilizados para medir los ingresos y el costo de vida.
Según los datos publicados por el Indec, durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los principales centros urbanos, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,5%.
Sin embargo, para el segundo trimestre del año, las estimaciones alternativas presentadas por la universidad arrojaron niveles de pobreza de entre el 37,5% y el 42,4%, frente al 34,4% informado por la medición oficial.
La diferencia se explica, de acuerdo con el estudio académico, por dos cuestiones centrales: las modificaciones en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la falta de actualización de la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para determinar quiénes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Frente a estos cuestionamientos, el Ejecutivo sostuvo que los indicadores del organismo estadístico mantienen su validez y permiten comparar la evolución de la pobreza a lo largo del tiempo. También consideró que las diferencias entre las estimaciones no constituyen pruebas de irregularidades en la información ni permiten desconocer la reducción registrada.
Uno de los principales argumentos oficiales apunta al comportamiento de los precios. Según la explicación del Gobierno, la desaceleración inflacionaria permitió que los ingresos familiares recuperaran capacidad de compra, especialmente entre los sectores de menores recursos, que son los más afectados cuando los precios aumentan a un ritmo elevado.
Además, señalaron que los períodos de inflación alta dificultan la declaración precisa de los ingresos por parte de los hogares. En esos contextos, las familias pueden tener mayores problemas para recordar y registrar correctamente cuánto perciben, una situación que puede generar subestimaciones en las encuestas.
Desde esa perspectiva, una inflación más baja también contribuye a mejorar la calidad de la información relevada, incluso cuando no se introducen modificaciones en los cuestionarios utilizados.
El Gobierno también rechazó que la reducción de la pobreza esté vinculada con cambios sustanciales en la metodología del Indec. Aseguró que se mantuvieron los criterios de medición y que las modificaciones incorporadas consistieron principalmente en nuevas preguntas para obtener información más detallada sobre el empleo y los niveles de formalidad laboral.
En particular, sostuvo que no hubo cambios relevantes en las preguntas relacionadas con los ingresos de los trabajadores asalariados, pese a que allí se registraron algunas de las mayores variaciones en la captación de información.
Para el Ejecutivo, ampliar el registro de los ingresos de los hogares, incluyendo los provenientes del trabajo informal y las transferencias, representa una mejora técnica que permite obtener resultados más precisos y no una distorsión de las estadísticas.
Otro de los puntos de discusión es la actualización de la canasta utilizada para medir la pobreza. El Gobierno justificó la continuidad de los parámetros vigentes en la necesidad de preservar la comparabilidad de las series históricas.
En ese sentido, explicó que la posibilidad de actualizar los ponderadores de consumo existe desde 2020, cuando se difundieron los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18. Sin embargo, consideró que los hábitos de consumo cambiaron considerablemente desde la pandemia y que resulta necesario realizar una nueva encuesta antes de modificar los parámetros de referencia.
La posición oficial es que primero debe consolidarse el proceso de desinflación y luego avanzar con una actualización que contemple los cambios registrados en los patrones de consumo de la población.
Por último, el Ejecutivo reconoció que otros centros de investigación utilizan canastas actualizadas y que esos criterios pueden arrojar niveles de pobreza diferentes a los oficiales. No obstante, sostuvo que las variaciones metodológicas no modifican necesariamente la tendencia general de los indicadores y que ninguna de esas estimaciones invalida la reducción registrada durante el último período.


















