El fenómeno ya no alcanza solamente a los jóvenes o a los sectores de menores ingresos. También se extiende entre familias de ingresos medios y altos, e incluso entre trabajadores registrados que cuentan con estabilidad laboral, pero no logran reunir el capital necesario para comprar una propiedad.
Uno de los principales obstáculos es la limitada disponibilidad de créditos hipotecarios accesibles y el elevado ahorro previo que exige una operación inmobiliaria. Incluso cuando se consigue financiamiento, los compradores deben contar con un capital inicial equivalente a entre el 25% y el 30% del valor del inmueble para cubrir el anticipo.
La dimensión de esa barrera queda reflejada en el tiempo necesario para reunir ese dinero. Un asalariado privado registrado debe ahorrar, en promedio, durante 6,4 años para alcanzar el capital inicial requerido para comprar un departamento de dos ambientes, siempre que destine el 20% de su salario mensual a ese objetivo.
Sin embargo, los plazos presentan diferencias importantes según la ubicación geográfica. En Mendoza y Neuquén se necesitan alrededor de cinco años, mientras que en Córdoba y Santa Fe el período supera los seis. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanza los 6,9 años y en Misiones llega a 9,6, casi el doble que en las jurisdicciones con una mejor relación entre salarios y valores inmobiliarios.
El cálculo considera los ingresos de mayo de 2026 y los precios de las propiedades relevados para ese período. El relevamiento comprende nueve aglomerados urbanos que concentran el 73% de los hogares del país.
La evolución del alquiler también muestra diferencias según el nivel de ingresos. Mientras que en los sectores de menores recursos la proporción de inquilinos prácticamente no registró cambios, los mayores aumentos se produjeron en los estratos medios y altos. El noveno decil acumuló una suba de 8,7 puntos porcentuales, el séptimo avanzó 6,8 puntos y el quinto registró un incremento de 6,1 puntos.
La situación también alcanza a los trabajadores formales. Entre los asalariados privados registrados que son jefes de hogar, aproximadamente uno de cada tres vive en una propiedad alquilada. Si además se considera a quienes todavía residen con sus padres, menos de la mitad logra vivir en una vivienda propia dentro de un hogar independiente.
La brecha entre los ingresos y los precios inmobiliarios aparece como uno de los factores centrales del problema. Mientras que las propiedades se comercializan en dólares, los salarios se perciben en pesos. A esto se suman la pérdida de poder adquisitivo acumulada, las devaluaciones y las dificultades para generar capacidad de ahorro.
El acceso al financiamiento también está condicionado por los requisitos bancarios y la informalidad laboral. Tener ingresos suficientes para afrontar una cuota mensual no garantiza que una persona pueda cumplir con las condiciones exigidas para obtener un crédito hipotecario.
Otro indicador de este cambio es la edad de los hogares que alquilan. Las personas de entre 30 y 49 años ganaron participación dentro de ese universo: en 2016 representaban el 49% de los hogares inquilinos y en 2026 alcanzaron el 57%. Este segmento explica cerca del 77% del crecimiento total registrado durante la década.
La tendencia también se observa al analizar las distintas franjas etarias. Entre los hogares encabezados por personas de 40 a 49 años, la proporción de inquilinos pasó del 17,5% al 23,9%. En el grupo de 30 a 39 años, el indicador aumentó del 31,8% al 35,7%.
En cambio, entre los menores de 30 años se produjo una reducción de su participación dentro del total de inquilinos, que pasó del 25% al 19%. Los datos reflejan que el alquiler dejó de estar concentrado principalmente en las primeras etapas de la vida adulta y se prolonga cada vez más entre personas que ya transitan la cuarta década de vida.
En este contexto, el patrimonio familiar adquiere un peso creciente para acceder a una propiedad. Las herencias, los ahorros acumulados por generaciones anteriores y la asistencia económica de los padres se convierten en recursos determinantes frente a la dificultad de reunir el dinero necesario exclusivamente a partir de los ingresos laborales.
Para revertir esta situación, el informe plantea la necesidad de reconstruir el mercado de crédito hipotecario de largo plazo. Los préstamos a 20 o 30 años requieren fuentes de financiamiento estables, algo difícil de sostener en un sistema bancario cuyos depósitos se concentran principalmente en el corto plazo.
Entre las alternativas mencionadas aparece el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En septiembre de 2026, sus inversiones representaban el 12,1% del Producto Interno Bruto (PBI), de los cuales 9,6 puntos correspondían a títulos públicos nacionales.
La propuesta consiste en destinar parte de esos recursos a depósitos bancarios condicionados al otorgamiento de créditos hipotecarios. El planteo contempla mantener y ampliar ese mecanismo, bajo condiciones que garanticen la seguridad y la rentabilidad de los fondos previsionales.
De esta manera, el financiamiento de largo plazo aparece como uno de los principales desafíos para ampliar el acceso a la vivienda propia, en un escenario en el que cada vez más hogares permanecen en el mercado de alquiler durante períodos más prolongados.


















