Uno de los principales cambios está relacionado con la definición de proveedor local. A partir de la nueva disposición, las personas jurídicas deberán estar constituidas y tener domicilio en la Argentina para acceder a esa condición, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social.
De esta manera, las empresas de origen extranjero que estén radicadas en el país también podrán ser consideradas proveedoras locales y participar de los proyectos alcanzados por el régimen. Sin embargo, los bienes que suministren deberán continuar cumpliendo con las reglas de origen nacional establecidas por el MERCOSUR.
Otro de los puntos modificados corresponde a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. El decreto reemplazó el inciso i) del artículo 47 y estableció una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido para cada Proyecto Único.
La modificación busca diferenciar el cumplimiento de la inversión total requerida de los compromisos correspondientes a cada etapa del emprendimiento. De esta manera, se procura evitar superposiciones entre los plazos parciales y la fecha establecida para completar el monto global.
La normativa también incorpora precisiones sobre los cambios en la composición de los Vehículos de Proyecto Único (VPU). En ese sentido, establece que la compra de acciones o cuotas de estas sociedades por parte de terceros no afectará los derechos obtenidos mediante la adhesión al RIGI. No obstante, esas operaciones no podrán computarse como inversiones en activos para cumplir los montos mínimos exigidos por el régimen.
Al mismo tiempo, se habilita la cesión de participaciones y la incorporación de nuevos integrantes a los VPU. Estas operaciones deberán ser informadas a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. Una vez recibida la comunicación, el organismo contará con un plazo de 30 días corridos para formular eventuales observaciones.
En materia societaria, el decreto autoriza expresamente la reorganización de los proyectos mediante la transferencia de la totalidad de sus activos y obligaciones a una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). La operación permitirá conservar la fecha original de adhesión al RIGI y los derechos adquiridos, sin que sea considerada una nueva incorporación al régimen.
Los cambios también alcanzan las condiciones para acceder al mercado de cambios y el reconocimiento de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A partir de la nueva reglamentación, podrán computarse como fondos liquidados tanto los dólares ingresados directamente por los VPU como aquellos provenientes de aportes de accionistas o socios no residentes y de operaciones de endeudamiento externo.
Para que esos recursos sean reconocidos dentro del esquema, deberán haber sido efectivamente liquidados y destinados al desarrollo del Proyecto Único. Además, será necesario contar con registros contables que permitan identificar el origen y el destino de los fondos.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo introduce nuevas condiciones operativas para las empresas que participan del RIGI, con cambios que abarcan desde la contratación de proveedores radicados en el país hasta la administración societaria y el tratamiento de los capitales destinados a las grandes inversiones.


















