La renuncia de Manuel Adorni, enmarcada en las acusaciones de corrupción que rodean al ex Jefe de Gabinete de Javier Milei, ha generado agitación en el ámbito político y ha suscitado interrogantes en el círculo económico: si bien ha habido movimientos políticos, ¿cómo afecta esto a los sectores económicamente golpeados? ¿Qué puede aportar Diego Santilli en este contexto?
Los analistas consultados coinciden en que, aunque los cambios de gabinete pueden aportar un aire renovado a corto plazo, estos no serán efectivos si no se acompañan de políticas orientadas a la economía real.
El economista y empresario Gustavo Lazzari expresó que “la salida de Adorni fue el triste final de una odisea; una historia que no debería haber sido nunca tan larga. Estuvimos tres o cuatro meses discutiendo este tema como tapa monotemática de los diarios, y eso significó un tiempo perdido difícil de recuperar en un momento de una reforma tan importante”. Lazzari agregó que “el primer error del Gobierno fue dilatar este conflicto durante meses cuando debió resolverse en 48 horas para evitar dañar la confianza, la reputación y la toma de decisiones económicas”, subrayando que “esta parálisis política afectó de lleno a las pymes, que hoy enfrentan casi un año de descapitalización, caída del consumo y un grave estrangulamiento financiero”.
Con la salida de Adorni y un panorama político más despejado, Lazzari considera urgente retomar la agenda de reformas. Es necesario rediseñar el proyecto de “inocencia fiscal” para incluir a las pymes y activar un plan de reestructuración de deudas bancarias, provinciales y ante ARCA para proteger a las empresas que “ya no pueden aguantar más”.
En una línea similar, Claudio Caprarulo, director de Analytica, indicó que, aunque los cambios en el gabinete puedan mejorar temporalmente las expectativas, el principal desafío sigue siendo el mercado interno, que se encuentra deprimido. Según Caprarulo, esto genera incertidumbres en los inversores sobre el resultado electoral que se avecina. “Los cambios en el gabinete no lo resuelven, pero pueden operar a favor en las expectativas si se acompañan con medidas en otros frentes”, agregó.
Un reto crucial para el equipo económico que lidera Luis Caputo consistirá en asegurar que cualquier posible recuperación se traduzca en generación de empleo de mejor calidad. No obstante, el inicio del año reveló señales alarmantes en el mercado laboral: aun con una economía en crecimiento, la informalidad alcanzó el 44,2% de la población ocupada, el nivel más alto en años. Además, los datos mostraron que el aumento del empleo se debió en su mayoría a la creación de puestos informales, mientras que el empleo formal cayó en 166.800 posiciones.
Otro indicador preocupante es la falta de liquidez en el mercado. Según el informe de C-P Consultora de abril, el crédito real al sector privado ha caído un 3,4% en lo que va del año. Los bancos prefieren destinar su liquidez a títulos públicos en lugar de financiar a un sector privado que se enfrenta a cierres operativos por falta de fondos.
Por lo tanto, más allá de las transformaciones políticas, la verdadera barrera para cualquier expectativa de reactivación es la situación financiera de los ciudadanos. Un informe reciente de C-P reveló que la masa de ingresos formales se encuentra un 9,9% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
Este ajuste ha creado un panorama de inequidad profunda: los asalariados públicos enfrentan un desplome real de entre el 17% y el 18,8% en comparación con noviembre pasado, mientras que los jubilados que perciben la mínima sufren una licuación severa, atados a un bono extraordinario estancado en $70.000 desde marzo de 2024.
Además, los programas sociales han sufrido una caída global del 30%; a pesar de un aumento del 88% en la asignación universal, se ha observado un recorte drástico en otros beneficios como la Tarjeta Alimentar, el Potenciar y el Progresar.
Con este contexto, se anticipa que cualquier mejora en los ingresos durante el segundo semestre será efímera, dado que la reducción de la recaudación obligará a intensificar el ajuste del gasto para mantener el superávit fiscal.
De cara a los próximos meses, la única esperanza que retiene el Gobierno para sostener las expectativas económicas proviene del ámbito externo.
El informe de C-P de abril destacó un mejoramiento en los Términos del Intercambio (TDI) gracias a los incrementos internacionales en los precios del petróleo, oro y litio, lo que se traduciría en un ingreso adicional de aproximadamente u$s 9300 millones, elevando el superávit comercial de 2026 por encima de los u$s 19.000 millones.
El economista Federico Pastrana, director de C-P Consultora, explicó que este panorama ofrece una tranquilidad cambiaria temporal. “El incremento del tipo de cambio es lógico y razonable después de la fuerte apreciación nominal previa, la cual era totalmente insostenible con los niveles actuales de inflación”, comentó.
Sin embargo, Pastrana advirtió que la segunda mitad del año podría traer mayor volatilidad debido a factores estacionales y al considerable vencimiento de deuda que se enfrenta en 2027. También destacó el riesgo de una “enfermedad holandesa”, que podría desmejorar la competitividad de la industria no exportadora.
El intento del Gobierno por complementar la crisis interna con inversiones externas también genera incertidumbres. Diego Coatz, director de I+D (Industria y Desarrollo), indicó que el país está “parado en movimiento” y subrayó la necesidad de implementar políticas inmediatas a favor de las pequeñas y medianas empresas.
Desde I+D, Coatz alertó que el “Súper RIGI” ofrece beneficios extraordinarios “sin exigir contraprestaciones claras en empleo, desarrollo de proveedores locales o transferencia tecnológica”, lo que incrementa el riesgo de fragmentación tributaria y de generar un modelo de “Argentina a tres velocidades” con un eje extractivo.
Como indicativo de esta encrucijada, el análisis de I+D mostró que la producción local de bienes de capital sufrió una disminución del 6,8% interanual en mayo, reflejando el riesgo sobre el tejido industrial debido a la falta de incentivos para la cadena de valor nacional.
Por otro lado, el informe de C-P de mayo manifiesta la preocupación del FMI, no solo por la acumulación de reservas (con la exigencia de sumar u$s 8000 millones este año), sino también por la situación política.
El organismo solicita un “consenso social” en torno a las medidas del Gobierno para evitar descontento y asegurar que se mantenga la disciplina en el contexto del año electoral 2027.
Lazzari afirmó: “Espero que el nuevo clima político permita retomar urgentemente la agenda de transformaciones”, destacando la urgencia de corregir los errores de diseño en el proyecto de “inocencia fiscal” para incluir a las pymes de manera más efectiva. “Tras casi un año con el capital destruido, las empresas sufren un estrangulamiento financiero que frena tanto el consumo como la inversión”.
Para revertir esta situación y salvar a las empresas que enfrentan dificultades, “es imperativo activar un plan ágil de reestructuración de deudas bancarias, provinciales y ante ARCA”.
Pastrana, en cuanto a las expectativas sobre la reorganización del gabinete, se mostró escéptico: “No creo que allane nada”, aseveró.
Coatz, por su parte, coincidió en que la salida de Adorni
