La polémica se originó a raíz de un artículo de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, que estableció que los docentes de actividades extracurriculares y el personal no docente de instituciones de gestión privada debían redirigir sus aportes, que habitualmente se destinan a la Anses, hacia el Instituto de Previsión Social (IPS). Este cambio afectaría a aquellos empleados que se jubilan bajo el régimen provincial.
Las entidades educativas se oponen a esta medida, argumentando que generará mayores costos, dado que el IPS tiene una tasa de recaudación más alta que la de Anses, y cuestionan que esta decisión se haya tomado “sin acuerdos ni consultas”. Para el gobierno bonaerense, estos aportes representan un ingreso vital, dado que el IPS enfrenta un déficit operativo de casi 1,5 billones de pesos al año.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) ha llevado la disputa a los tribunales, promoviendo una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia para solicitar la inconstitucionalidad de la normativa provincial y que se tomen medidas para garantizar “la seguridad jurídica de las instituciones educativas asociadas”.
De manera paralela, AIEPA ha elevado solicitudes a la Dirección General de Escuelas, pidiendo que, mientras se establezca una normativa clara, no se requiera a las instituciones educativas la inclusión del personal extraprogramático en la planta funcional.
De acuerdo con el artículo 59 de la Ley provincial Nº 15.557, promulgada el 15 de diciembre de 2025, se esperaba que el traspaso comenzara en julio, por lo que los institutos debían empezar a redirigir el 14% de los sueldos de sus empleados al ente previsional provincial desde este mes.
Algunas organizaciones de colegios ya habían enviado instrucciones a sus administradores para hacer efectivo el cambio. Sin embargo, AIEPA, que cuenta con más de 3.000 miembros en la provincia, se opuso a su implementación.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza sobre dónde deben dirigirse los aportes. Las instituciones siguen regidas por normas nacionales y no hay, hasta el momento, una regulación nacional que las exima de hacer aportes al régimen administrado por Anses”, señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Varios representantes parlamentarios coincidieron en que la inclusión de este artículo en el Presupuesto, que fue objeto de un intenso tratamiento (dado que el gobernador Axel Kicillof no logró los votos requeridos y tuvo que negociar durante más de dos meses), busca aliviar el déficit del IPS, que ha aumentado significativamente en la última década.
El IPS gestiona más de 500.000 jubilaciones correspondientes al sector estatal, incluyendo a los municipios y al magisterio. Todos los aportes provienen del Tesoro Provincial, y los dirigentes del sindicato de docentes privados (SADOP) también han presionado para lograr este traspaso. Aunque a corto plazo esto podría suponer una disminución en el salario neto, ya que el IPS cobra un 15% del sueldo mensual, en comparación con el 11% que retiene Anses.
Recientemente, otras asociaciones que pertenecen al sistema educativo no estatal, incluidos colegios parroquiales y otros grupos asociados, se sumaron al rechazo. Aquellos que anteriormente proporcionaban información sobre cómo comenzar a hacer la transición de los aportes fueron parte del rechazo actual.
Esta semana, la Federación de Entidades Religiosas (FAERA), junto a ADEEPRA, COORDIEP, CONSUDEC y otras agrupaciones, realizaron presentaciones y decidieron establecer una “mesa de trabajo” con el IPS. Paralelamente, estas organizaciones religiosas impulsaron una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar una declaración de certeza y una medida cautelar. “No buscamos dejar de hacer los aportes patronales, sino asegurarnos de dónde deben ser dirigidos, ya que tanto la Nación como la Provincia podrían reclamarlos”, manifestaron.
Desde el IPS informaron que “no hemos sido notificados de la judicialización, pero somos conscientes de que existen dos presentaciones”. Sin embargo, aclararon que mantienen “diálogo y acuerdo con las asociaciones y sindicatos para avanzar en la implementación” de una ley que, subrayan, “se encuentra en plena vigencia y es obligatoria”. Los aportes de colegios privados ya están ingresando al IPS, y “con aquellos con los que hemos cruzado datos, podemos comenzar a aplicarlo”, añadieron desde el organismo previsional.
Respecto al futuro de los trabajadores que se encuentren bajo este régimen, indicaron que, como en todos los casos, los empleados se jubilarán y se liquidará la opción que haya recibido más años de aportes.
