El Gobierno avanza en su objetivo de llenar las más de 300 vacantes existentes en la Justicia federal, al mismo tiempo que se considera la posibilidad de modificar la duración del mandato del Procurador General de la Nación, un cargo crucial que permanece vacante desde 2017.
Actualmente, el puesto es desempeñado de forma interina por Eduardo Casal, quien ocupaba el cargo de procurador fiscal ante la Corte Suprema antes de la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Desde entonces, ninguna administración ha conseguido reunir la mayoría calificada de dos tercios en el Senado para nombrar un sucesor.
Este puesto es vitalicio y se ejerce hasta los 75 años, lo que complica la obtención de los consensos necesarios para avanzar en una nueva designación. “El sistema es muy largo, de por vida. No es bueno para la vida institucional”, manifestó un integrante de la mesa política.
En este contexto, se está considerando la posibilidad de presentar un proyecto que limite el mandato del Procurador a dos períodos, aún sin determinar su duración exacta. La propuesta fue discutida en términos preliminares con el presidente Javier Milei, quien no se ha expresado públicamente sobre el tema. El Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Bautista Mahiques, se ha mantenido en silencio respecto a la cuestión. Sin embargo, una fuente cercana a las discusiones expresó su esperanza en que la iniciativa tome forma.
La propuesta gubernamental recuerda un proyecto de ley previamente presentado por la senadora Carolina Moisés, que sugería sustituir el carácter vitalicio del Procurador General por un mandato de ocho años con la opción de una prórroga de cuatro años adicionales. Al igual que la propuesta del Ejecutivo, el proyecto de la legisladora estipulaba la necesidad de una mayoría calificada en el Senado para avanzar en la designación.
La prolongada ocupación interina de Casal se convierte en un tema preocupante debido a la implementación del sistema acusatorio, que transfiere al fiscal la responsabilidad de investigar los delitos, aumentando así la relevancia del Procurador General, quien supervisa y designa a los fiscales encargados de las causas judiciales.
Por esta razón, las negociaciones sobre este cargo son consideradas sensibles en el Senado, así como las vacantes en la Corte Suprema. Según lo confirmado por el Ministerio de Justicia en mayo, “el Presidente ha sido claro en que no considera que sea el momento” de proceder con las designaciones.
Pese a ello, si se decide presentar la propuesta de reforma de la Procuración General, el Gobierno enviará un mensaje al Congreso: que está dispuesto a avanzar antes de finalizar el primer mandato de Milei en 2027.
Mientras tanto, el oficialismo planea retomar las sesiones en el Senado en dos semanas, con la intención de tratar, entre otros asuntos, unos 35 pliegos de jueces, fiscales y defensores. De concretarse, el Gobierno podrá cubrir una parte significativa de las 300 vacantes en la Justicia federal.
