La Media Freedom Coalition es una alianza internacional creada en julio de 2019, dedicada a promover y proteger la libertad de prensa, así como a salvaguardar la seguridad de los periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Esta coalición, que actualmente consta de 51 miembros, opera bajo la copresidencia de Finlandia y el Reino Unido.
Argentina y Estados Unidos son parte de esta alianza, pero fueron los únicos países que no firmaron la declaración emitida en mayo pasado.
El texto, que el gobierno de Milei no consideró pertinente, reconoce el “papel vital, aunque cada vez más peligroso” de los periodistas y trabajadores de medios en contextos de conflicto, además de establecer un vínculo esencial entre una prensa libre y la seguridad, tanto a nivel global como nacional.
En un contexto en el que la paz internacional parece más esquiva que nunca, el documento de la Media Freedom Coalition señala que los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas pueden contribuir de manera significativa a la consecución y mantenimiento de la paz.
El texto también resalta la necesidad de que los medios independientes proporcionen información “precisa y oportuna”, especialmente para aquellas comunidades afectadas por diferentes conflictos. Se enfatiza que “los informes veraces y puntuales pueden salvar vidas y proteger los medios de subsistencia”, y que el periodismo de interés público refuerza la integridad informativa y actúa como un mecanismo de defensa contra la desinformación y la propaganda, que tienden a intensificarse en situaciones de inseguridad. Además, los medios libres pueden servir como un sistema de alerta temprana para identificar y denunciar crímenes de guerra.
Asimismo, la declaración resalta el riesgo que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto. Según cifras del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), 129 profesionales de la comunicación fueron asesinados en 2025, marcando el año más mortífero en tres décadas de recopilación de datos.
“El peligro al que se enfrentan va en aumento”, advierte la Media Freedom Coalition, subrayando que los reporteros que cubren conflictos deben ser protegidos por el derecho internacional humanitario, como establece la resolución 2222 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, alertan que, en la práctica, lo que antes proporcionaba protección ahora puede ser considerado un objetivo.
El documento advierte que las mujeres son las principales afectadas por este fenómeno y señala que las organizaciones periodísticas enfrentan un escenario cada vez más complejo, marcado por una mayor censura estatal, crecientes presiones financieras, un incremento de la desinformación que erosiona la confianza pública y los desafíos derivados de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA).
El documento, que no fue suscripto por el Gobierno argentino, también advierte sobre esa situación. “La libertad de prensa a nivel mundial está siendo objeto del ataque más sostenido en décadas, en un momento en que también es cada vez más importante para nuestra seguridad y prosperidad mutuas”
Frente a este escenario, la declaración insta a los Estados a respaldar una prensa libre e independiente “como contribución a la construcción de un futuro de paz”. Además, reclama que se garantice la protección de los periodistas que trabajan en zonas de conflicto y de quienes impulsan acciones para combatir la impunidad en los crímenes cometidos contra trabajadores de prensa.
En la Argentina, durante la gestión de Javier Milei se sucedieron cuestionamientos y descalificaciones hacia periodistas por parte del Presidente y de funcionarios nacionales. Al mismo tiempo, el Gobierno desestimó planteos realizados por entidades dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
Este año, además, el Ejecutivo dispuso el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada a partir de una denuncia por un supuesto caso de espionaje atribuido a periodistas, una acusación que posteriormente fue descartada por la Justicia federal.
Si bien la sala de prensa volvió a funcionar tiempo después, continúan vigentes restricciones para la labor de los periodistas acreditados y no se restablecieron las condiciones de trabajo que existían con anterioridad.
