El Ejecutivo busca desescalar la reciente confrontación con Victoria Villarruel y asegura que el pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la vicepresidenta “dé un paso al costado” no tendrá consecuencias en el ámbito institucional. Desde la Casa Rosada indican que fue “sólo una respuesta” a las críticas de la titular del Senado hacia Javier Milei y enfatizan que no tienen planes de instigar un movimiento formal contra ella.
En Balcarce 50 subrayan que este debate no altera su diagnóstico sobre Villarruel, que han mantenido durante meses. En el oficialismo dan por hecho que la vicepresidenta buscará competir en las próximas elecciones con un proyecto propio, intentando posicionarse como una figura opositora con un enfoque nacionalista y conservador. “Que arme su proyecto en otro lado”, afirman desde el Gobierno.
No obstante, el Ejecutivo no cree que Villarruel renuncie a su cargo. “No se va a ir”, resume un funcionario de alto rango. La Casa Rosada considera que la tensión forma parte de una serie de roces que caracterizan la relación entre Milei y su compañera de fórmula desde el inicio de su gestión.
Desde el entorno de Santilli aclaran que el planteo no fue parte de una estrategia coordinada para forzar la salida de Villarruel, sino que representa una postura personal del jefe de Gabinete frente a sus críticas hacia Milei. “No está en el ADN de Diego Santilli tratar de desplazar a alguien desde adentro. Respondió lo que piensa”, explican allegados al ministro.
A pesar de todo, en la Casa Rosada sostienen que no habrá solicitudes institucionales ni movimientos formales contra la vicepresidenta. “Le preguntaron y respondió. No hay más de dónde sacar”, sostienen en el Gobierno, buscando evitar que la respuesta de Santilli se interprete como el inicio de una ofensiva para desplazarla.
Recuerdan que las diferencias se iniciaron mucho antes de asumir y atribuyen el origen de la interna al cierre de listas para las elecciones de 2023. Aducen que la situación se agravó cuando Milei decidió no otorgarle a Villarruel el control de los ministerios de Defensa y Seguridad, que fueron asignados a Luis Petri y Patricia Bullrich como resultado de un acuerdo político.
Desde entonces, la Casa Rosada considera que la vicepresidenta ha ido construyendo un perfil cada vez más independiente. Desde el oficialismo incluyen en este contexto sus diferencias respecto a proyectos legislativos, críticas públicas al Presidente y enfrentamientos con miembros del espacio libertario. Pese a ello, el Ejecutivo busca mantener un canal de comunicación institucional con la titular del Senado.
Reconocen que es crucial evitar un nuevo foco de conflicto en la Cámara alta mientras intentan revigorizar la agenda legislativa del segundo semestre. Se prevé que el oficialismo mantenga sesiones todos los jueves a partir de la próxima semana y planea avanzar con el tratamiento de la normativa sobre propiedad privada, Hojarasca, cambios en la Ley de Salud Mental, la reforma del Etiquetado Frontal y otras iniciativas consideradas prioritarias.
El vínculo con Patricia Bullrich también es parte de este equilibrio. Tras semanas de intensos cruces sobre la ley de propiedad privada y otros episodios internos, la líder del bloque libertario se reunió nuevamente con Villarruel con el fin de descomprimir la tensión y mantener abierto un canal de diálogo ante las próximas sesiones.
Desde la Casa Rosada ven este movimiento como una señal de que, a pesar de las diferencias, existe espacio para sostener la coordinación legislativa. El objetivo es impedir que las disputas personales interfieran en la negociación con bloques dialoguistas y gobernadores. El oficialismo admite que el Senado seguirá siendo el ámbito legislativo más complicado.
Pretenden destrabar varios proyectos delicados y, al mismo tiempo, avanzar con nombramientos judiciales estratégicos para la segunda mitad del mandato. Desde el Gobierno sostienen que el conflicto con Villarruel no altera esta hoja de ruta. La interpretación interna es que la vicepresidenta continuará diferenciándose del Presidente, lo que se interpretaría como parte de un proyecto político propio más que como una disputa circunstancial.
