El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, explicó que el caso tiene dos ámbitos diferenciados. Por un lado, existe una investigación administrativa dentro del Tribunal Administrativo de Irrigación, que tiene a su cargo la fiscalización de las inspecciones de cauce. Por otro, cualquier posible responsabilidad penal debe ser analizada por la Justicia.
Según explicó Marinelli, el expediente tuvo distintas etapas. En una primera instancia, Currenti impulsó obras en diferentes tramos de canales, para las cuales el municipio aportaba materiales mientras los regantes realizaban pagos individuales.
Con el crecimiento de las obras, la administración de la inspección se volvió más compleja y, de acuerdo con el funcionario, se produjeron dificultades en la gestión. Una primera investigación administrativa concluyó con una sanción económica y la obligación de devolver determinados fondos.
Posteriormente aparecieron otros hechos que motivaron una nueva investigación. Entre ellos se analizaron cuestiones vinculadas con un tractor y con la construcción de una oficina de la inspección dentro de un terreno perteneciente a Currenti.
Las inspecciones de cauce cuentan con autonomía, pero son fiscalizadas por Irrigación a través del Tribunal Administrativo. En ese marco, Marinelli solicitó formalmente que se abriera una nueva investigación para determinar si los hechos detectados podían haber generado algún perjuicio para los regantes.
Uno de los puntos investigados fue la contratación de un tractor perteneciente a la esposa de Currenti. Según explicó el funcionario, existían sospechas sobre un eventual perjuicio para la administración de la inspección, pero era necesario realizar una investigación para determinarlo.
Esta segunda investigación, que no estuvo relacionada con las obras mencionadas inicialmente, derivó en la sanción administrativa que terminó con la destitución de Currenti.
Marinelli evitó calificar los hechos como corrupción y remarcó la diferencia entre una irregularidad administrativa y un delito. Señaló que, si se considera que hubo un manejo indebido de fondos, esa situación ya fue sancionada en el ámbito administrativo, mientras que corresponde a la Justicia determinar si existió responsabilidad penal.
Las actuaciones fueron remitidas al ámbito judicial y la eventual existencia de un delito todavía debe ser establecida. Desde Irrigación remarcaron que la sanción administrativa ya fue aplicada, mientras que la investigación penal continúa su curso.
