La modificación fue establecida mediante la Resolución 297, publicada en el Boletín Oficial, y adapta el procedimiento de la prestación al esquema previsto para la Asignación Universal por Hijo (AUH). El objetivo es simplificar el trámite necesario para acceder al 20% del monto que queda retenido durante el embarazo y se liquida una vez finalizado ese período.
Con el nuevo mecanismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirá información del Ministerio de Salud para comprobar si las titulares cumplieron con los controles médicos de seguimiento exigidos. De esta manera, la acreditación podrá realizarse sin que las beneficiarias deban gestionar personalmente el formulario correspondiente, siempre que los datos necesarios puedan verificarse mediante el intercambio de información entre ambos organismos.
La normativa también contempla qué ocurrirá cuando la verificación automática no permita confirmar el cumplimiento de los requisitos. En esos casos, la titular podrá presentar la documentación ante ANSES y el organismo realizará la liquidación de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Hasta ahora, para cobrar el porcentaje retenido, las beneficiarias debían estar inscriptas en el Programa Sumar+ y acreditar los controles médicos previstos durante el embarazo. Para hacerlo, tenían que completar el formulario PS 2.10, correspondiente a la Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
El trámite debía realizarse en una oficina de ANSES, con turno previo, y podía presentarse hasta 12 meses después de la finalización del embarazo.
A partir de noviembre, ese procedimiento dejará de ser necesario cuando el organismo pueda confirmar automáticamente el cumplimiento de las condiciones a través de los registros oficiales. La presentación de documentación seguirá siendo una alternativa para quienes no puedan acreditar los requisitos mediante el cruce de datos.
El cambio apunta a reducir las gestiones presenciales y facilitar el acceso al monto retenido de la asignación, mediante un sistema de control administrativo basado en la información compartida entre los organismos públicos.
