Las conversaciones estarán centradas en los principales puntos que podrían modificarse de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, especialmente las partidas destinadas a discapacidad, universidades nacionales y asignaciones sociales. Desde el oficialismo consideran que las tratativas avanzan favorablemente, aunque entre los sectores aliados advierten que el cronograma es ajustado.
El esquema previsto por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, contempla una última reunión informativa el martes a las 11, con la participación de un funcionario cuya presencia todavía no fue confirmada. Para el miércoles a las 14 está prevista la discusión del dictamen.
Las gestiones parlamentarias son encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y Benegas Lynch. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores de distintos espacios para acercar posiciones y facilitar los acuerdos necesarios.
La principal condición del Gobierno es que cualquier modificación al proyecto respete las metas fiscales, con el equilibrio presupuestario y el superávit primario como ejes centrales. Uno de los puntos de discusión es la jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla alrededor de $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.
Los bloques dialoguistas y opositores plantean que una parte de esos recursos debería destinarse a reforzar las partidas para las universidades públicas y las prestaciones por discapacidad. Desde el Ejecutivo sostienen, en cambio, que esos fondos deben cubrir compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de atender emergencias y financiar fondos especiales.
En materia de discapacidad, los bloques de la UCR, el PRO y distintas fuerzas provinciales reclaman la derogación de los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen modificaciones en la legislación vigente sobre el sector. También exigen una recomposición de las partidas destinadas a las prestaciones.
Otro de los puntos sensibles es la propuesta oficial para eliminar la actualización automática por inflación de las asignaciones universales por hijo y por embarazo, además de otras ayudas sociales y asignaciones familiares. Los sectores opositores y dialoguistas buscan mantener el mecanismo de actualización actualmente vigente.
El financiamiento de las universidades nacionales también concentra diferencias. La iniciativa contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman una asignación cercana a los $11 billones para cubrir sus necesidades.
A estas demandas se suma el reclamo de las 13 provincias que cuentan con cajas jubilatorias propias, que buscan incorporar al Presupuesto los recursos adeudados por el Estado nacional a sus sistemas previsionales. Los gobernadores también piden fondos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023. Estos planteos fueron presentados durante una reunión mantenida el 16 de octubre con Santilli.
La necesidad de reunir apoyos suficientes constituye otro desafío para el oficialismo. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum que permita iniciar una sesión.
Los espacios más cercanos al Gobierno —el PRO, la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo— reúnen otros 24 legisladores. Para ampliar ese respaldo, el oficialismo busca sumar a los nueve diputados de Argentina Federal, vinculados con los gobernadores de Salta y Misiones; a los tres integrantes de Elijo Catamarca, relacionados con el mandatario provincial Raúl Jalil, y a los tres representantes de Independencia, alineados con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
La estrategia también contempla conseguir el acompañamiento de alrededor de una decena de diputados de Provincias Unidas, un espacio que reúne legisladores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, entre otras jurisdicciones, vinculados con los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.
Con este escenario, las negociaciones de las próximas horas serán determinantes para definir el alcance de los cambios al proyecto y reunir los respaldos necesarios para firmar el dictamen el miércoles. El objetivo del Gobierno es llegar a la sesión del 18 de noviembre con una mayoría que le permita avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027.
