La operación también abrió interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados por el dirigente arbitral. Según documentación incorporada a la causa, Beligoy habría comprometido US$ 261.490 en dos departamentos del denominado Fideicomiso Lucero. Sin embargo, no aparece entre los inversores que acudieron a la Justicia para reclamar la devolución del dinero aportado.
Las operaciones se realizaron el 3 de mayo de 2024. Ese día, Beligoy abonó US$ 139.745 por un departamento ubicado en el sexto piso y una cochera de un edificio en construcción en la calle 59 al 784, entre 10 y 11, de La Plata. Además, aportó otros US$ 121.745 por otra unidad situada en el quinto piso del mismo emprendimiento.
Ambas transacciones quedaron registradas en compromisos de aporte al fideicomiso, bajo la modalidad de construcción al costo con renta garantizada. Un aspecto particular de los documentos es que fueron firmados por uno de los socios y apoderados de la desarrolladora, en lugar de empleados administrativos, como ocurrió con los contratos de otros inversores.
Durante su declaración judicial, el empresario explicó que esa modalidad respondió a un pedido del propio Beligoy, quien habría solicitado que su participación no fuera conocida por otras personas.
Los montos también aparecen en un registro contable interno de la firma, donde se detallaron los inversores, las unidades asignadas y las sumas aportadas. Esa documentación constituye otro elemento que permite reconstruir las operaciones vinculadas al dirigente.
La cuestión patrimonial adquiere relevancia debido a las dudas planteadas sobre la procedencia del dinero y su correspondencia con los ingresos declarados ante el fisco. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, Beligoy no respondió las consultas sobre el origen de los fondos, las condiciones de pago, las razones por las que no inició un reclamo judicial ni las alternativas que pudo haber utilizado para intentar recuperar la inversión.
La causa contra la desarrolladora comenzó a tomar impulso a principios de 2026 y tramita en la Unidad Fiscal N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. La investigación incluye allanamientos, pedidos de documentación y distintas medidas para determinar el destino de los aportes realizados por los inversores.
Hasta el momento, se identificaron entre 150 y 160 personas presuntamente damnificadas por los incumplimientos y la paralización de las obras. Entre ellas se encuentran el exfutbolista y director técnico Pedro Troglio y otros deportistas, con pérdidas que alcanzarían varios millones de dólares.
El expediente comprende al menos cinco fideicomisos: Thymos, Dezzeo, Vita, Lucero y Alquimia. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió con el dinero aportado y si una parte fue utilizada para afrontar gastos operativos, cubrir obligaciones de otros emprendimientos o realizar movimientos entre sociedades vinculadas. También analizan registros contables y asignaciones de unidades que podrían haber servido para compensar deudas.
El modelo de negocios ofrecía la posibilidad de adquirir departamentos desde el pozo, con la promesa de entregarlos terminados en plazos breves y garantizar rentas mensuales ajustables hasta la finalización de las obras. Sin embargo, según las denuncias presentadas, las promesas iniciales terminaron en construcciones paralizadas o abandonadas.
Troglio, junto con su abogado, denunció que los responsables de los proyectos argumentaban problemas gremiales, dificultades con proveedores e inspecciones para explicar los retrasos. También cuestionó la falta de información sobre el destino de los fondos y la ausencia de un listado completo de los inversores.
La situación de Beligoy suma otra dimensión por las responsabilidades que desempeña dentro del fútbol argentino. Además de conducir uno de los sindicatos que representan a los árbitros, ocupa la dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, desde donde tiene funciones vinculadas con la actividad de los jueces.
Su desempeño ya había generado cuestionamientos de distintos dirigentes del fútbol. El presidente de Banfield, Matías Mariotto; el titular de Lanús, Nicolás Russo; el presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, Daniel Vila; y el expresidente de River Plate Jorge Brito manifestaron críticas sobre su continuidad y su gestión al frente del arbitraje.
Las objeciones incluyeron cuestionamientos sobre los criterios de designación de los árbitros y el funcionamiento del sistema. Algunos dirigentes llegaron a reclamar públicamente un cambio en la conducción del área.
Ahora, a esas controversias se suma la inversión inmobiliaria de más de US$ 260.000 y las preguntas sobre su financiamiento. Mientras avanza la investigación por el presunto fraude inmobiliario, permanece sin aclararse públicamente cuál fue el origen de los fondos utilizados por Beligoy y por qué no figura entre quienes iniciaron acciones judiciales para recuperar el dinero.
