La medida fue establecida mediante la resolución 3715/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El porcentaje de actualización se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre y se aplicó sobre los valores que estaban vigentes durante el mes anterior. En octubre, los aranceles ya habían recibido un incremento del 1,9%.
Los nuevos importes varían según el tipo de prestación y, en determinadas modalidades, también dependen de las categorías A, B y C establecidas en el nomenclador.
Entre los valores fijados para noviembre, la formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 para la categoría A. En el caso de la escolaridad primaria con jornada doble, el arancel actualizado alcanzó los $1.228.995,40.
Por su parte, la residencia permanente pasó a tener un valor de $1.429.302,41, mientras que el hospital de día con jornada doble quedó establecido en $1.113.666,92, también para la categoría A.
La normativa mantiene además el adicional por zona desfavorable del 20% para las prestaciones realizadas en las provincias patagónicas. Este suplemento se calcula sobre el arancel básico correspondiente a cada servicio, por lo que debe sumarse al importe establecido en el nomenclador nacional.
De esta manera, la actualización general del 2,2% y el adicional regional constituyen dos componentes diferentes del esquema de remuneraciones reconocido para los prestadores.
El Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral contempla distintos servicios destinados a personas con discapacidad, de acuerdo con sus necesidades de rehabilitación, atención, educación y acompañamiento. Las prestaciones están organizadas según sus características y modalidades de funcionamiento.
Los nuevos valores modifican los aranceles de referencia que se reconocen por estos servicios, pero no representan un pago directo ni implican necesariamente un aumento automático de los ingresos que reciben las personas con discapacidad.
Los importes funcionan como referencia para los prestadores, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y los demás financiadores que deben garantizar la cobertura de las prestaciones comprendidas en el régimen.
El sistema está regulado por la Ley 24.901, que estableció el marco de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad. La actualización de noviembre modifica los valores económicos de los servicios ya incluidos, sin incorporar nuevas modalidades ni alterar los requisitos de acceso.


















