El magistrado consideró que el empresario podría utilizar su posición económica y sus vínculos para influir sobre testigos y otras personas relacionadas con el expediente. En la resolución también advirtió que existen posibilidades concretas de que pueda ejercer presiones capaces de afectar el desarrollo de la causa.
Uno de los episodios considerados por el juzgado ocurrió el 27 de octubre, después de que un gerente del Camino Parque Buen Ayre declarara como testigo y entregara documentación vinculada con la investigación. Según una denuncia presentada por la querella, el abogado defensor de Camani se reunió con el testigo en un café ubicado en la planta baja del edificio judicial, inmediatamente después de su presentación. Posteriormente, el propio letrado reconoció que el encuentro había tenido lugar.
La investigación busca determinar si existió una estructura destinada a promover denuncias judiciales, conseguir testimonios y difundir acusaciones públicamente como mecanismo de presión contra empresarios y referentes políticos. Entre las personas alcanzadas por el expediente también se encuentra un dirigente de la Coalición Cívica de Pilar y otros involucrados.
El caso tomó mayor repercusión luego de la denuncia presentada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, quien afirmó haber sido víctima de una operación extorsiva. En su presentación judicial señaló al empresario, al dirigente político y a un legislador porteño de la Coalición Cívica como presuntos integrantes de un grupo que habría actuado en su contra.
Según la versión del titular de la AFA, el conflicto se originó cuando se negó a autorizar la instalación de nuevas cámaras de fotomultas en distintos accesos y sectores administrados por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que también preside. La negativa habría incluido el rechazo al reemplazo de equipos que ya se encontraban en funcionamiento.
Tapia sostuvo que, después de esa decisión, comenzaron las presiones y amenazas para que aceptara las modificaciones solicitadas. De acuerdo con su denuncia, personas vinculadas al empresario le habrían advertido que, si no autorizaba la instalación y sustitución de las cámaras, impulsarían presentaciones judiciales en su contra.
El dirigente deportivo también relacionó la denuncia por una propiedad ubicada en Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, con las advertencias que aseguró haber recibido. En ese contexto, atribuyó al empresario el papel de organizador y supuesto beneficiario económico de las maniobras investigadas.
El 5 de febrero de 2026, el juez Saettone aceptó a Tapia como particular damnificado en el expediente. Esa condición le permitió intervenir formalmente en el proceso, acceder a las actuaciones y solicitar medidas de prueba mediante su representación legal.
Un mes después, en marzo de 2026, la Fiscalía imputó formalmente a Camani por el delito de extorsión agravada. Desde entonces, la investigación avanzó con distintas medidas, entre ellas el análisis de teléfonos celulares y transferencias de dinero, con el objetivo de determinar cómo se habrían desarrollado las presuntas maniobras y cuál habría sido la participación de cada uno de los involucrados.
La prohibición de salida del país se suma a esas medidas mientras continúa la investigación judicial y se busca establecer si existieron presiones organizadas mediante denuncias y exposiciones públicas.

















