En medio de tensas negociaciones con las empresas para que congelen los precios de unos 2.000 productos y cuando la inflación de enero volverá a rozar el 6%, un grupo de piqueteros saldrá hoy a controlar los precios en la Ciudad y algunas zonas del conurbano.
Así lo anunció el Movimiento Popular La Dignidad al señalar que comenzará a fiscalizar precios y abastecimiento de productos en supermercados de CABA y el Conurbano.
Este Movimiento está conducido por el exfuncionario de Desarrollo Social, Rafael Klejzer.
Llama la atención dado que, a pedido del ministerio de Economía, se desactivaron primero los controles que encabezaron los camioneros y luego el de grupos piqueteros que se desplegaron en la Costa cuyo accionar consistió en distribución de folletería.
En cuanto a Pablo Moyano, según contó el dirigente camionero, se reunió con Matías Tombolini y el secretario de Comercio le pidió que colaboren en los centros de logística porque habían detectado serias irregularidades. En definitiva, los llamó.
Pero cuando los dirigentes vinculados a Moyano comenzaron a aparecer en supermercados líderes y centros de distribución, el blue lo registró y comenzó su carrera ascendente: ya lleva un 23% de aumento en lo que va del año. El dato parece no ser registrado por este sector piquetero que hoy arranca con los controles.
“Vamos a hacer un primer relevamiento independiente en diferentes cadenas supermercadistas para comprobar si los productos acordados en el programa de Precios Justos se encuentran en góndola”, explicó Rafael Klejzer, referente del Movimiento Popular La Dignidad y la UTEP, los piqueteros que con el oficialismo.
Desde la organización dicen que de acuerdo a la información que manejan, han detectado faltantes de alrededor del 50% promedio en los artículos que las empresas acordaron con el Estado nacional.
“Notamos que hace unos meses los incumplimientos se registraban en los precios, hoy vemos que lo que no se respeta es el abastecimiento y los consumidores se encuentran en muchos casos con góndolas vacías”, dijo Klejzer.
Por las dudas, señalaron que el éxito de los controles dependerá en cierta medida de que los supermercados permitan el ingreso y el cumplimiento de la labor de los censistas.
Hace diez días los piqueteros aliados al Gobierno fueron parte de los operativos de control de precios en supermercados de todo el país, que habían arrancado con el sindicato de Camioneros.
El hecho motivó una fuerte polémica en el arco político que derivó en una denuncia de Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y el secretario de Comercio Matías Tombolini. Incluso, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el Gobierno de la Ciudad habilitó el 911, la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad, para que “los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios”.
Pero al final, el último viernes 20, en 25 puntos de toda la Costa Atlántica, dirigentes de Somos Barrios de Pie, la organización social que lidera Daniel Menéndez, se limitó a repartir folletos y a explicar cómo funciona la APP para denunciar incumplimientos en los denominados “Precios Justos” en supermercados y comercios.
Es curioso porque desde el Gobierno señalan que tiene muy activo su propio sistema de control.
El Estado trabaja con 358 empresas; 12 cámaras; 35 municipios; organizaciones de defensa del consumidor, y unos 30 sindicatos que ayudan a que se cumpla lo acordado.
Además. el programa de Precios Justos cuenta con una aplicación desde la cual los consumidores pueden chequear el precio de los alimentos y denunciar si es otro o si hay desabastecimiento.
