La querella está compuesta por los abogados Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto A. Robinson, quienes representan a Marei von Saher, identificada como la única heredera de Jacques Goudstikker.
Según información recabada, se llevan a cabo diálogos entre los letrados de la querella y los miembros del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en particular con Jonathan Karszenbaum y la Dra. Valeria Elfman, abogada de la institución, con el objetivo de explorar un posible esquema de préstamo para la obra.
La propuesta que se considera es clara: en caso de que el cuadro sea restituido a Marei von Saher, se podría gestionar su préstamo al Museo para su exhibición en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta iniciativa responde a un enfoque institucional, ya que, de concretarse la restitución, sería el primer caso en Argentina de recuperación y restitución judicial de una obra relacionada con el expolio nazi. En este contexto, la posibilidad de exhibirla en el Museo del Holocausto busca otorgar al proceso una dimensión histórica, pedagógica y de memoria.
Simultáneamente, la causa avanza hacia su fase de definición procesal. Según el estado actual del expediente, se están realizando las últimas diligencias de prueba antes de que finalice la etapa preparatoria, conforme lo estipulado por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
Una vez que esta etapa concluye, se dará participación a las partes acusadoras, que incluyen al Ministerio Público Fiscal y a la querella, para que presenten sus acusaciones, lo que será un paso previo a la audiencia de control y posible elevación a juicio oral.
En semanas recientes, se ha incorporado al expediente un informe clave presentado por la DAIA como amicus curiae. Este dictamen contextualiza el despojo sufrido por la familia Goudstikker durante la ocupación nazi y revisa los estándares internacionales sobre restitución, incluyendo los Principios de Washington (1998) y la Declaración de Terezín (2009), poniendo énfasis en que estas restituciones van más allá de lo patrimonial y están relacionadas con una reparación histórica y moral.
Fuentes cercanas a la querella han indicado que, con la evidencia recolectada en el expediente, buscarán que el caso sea elevado a juicio oral y que se presenten acusaciones contra los sujetos investigados por delitos graves. En esta línea, se anticipó que impulsarán una acusación por encubrimiento agravado, en concurso con lavado de activos agravado, solicitando la aplicación de las penas máximas establecidas para este tipo de delitos, que incluyen largas condenas de prisión, superando los 10 años de cumplimiento efectivo.
