No obstante, la lucha más significativa en torno a la conocida Ley de Etiquetado Frontal se desarrolla en las oficinas comerciales del Mercosur, donde la delegación argentina se encuentra en negociaciones para modificar el perfil de nutrientes, alineándose con el modelo vigente en Brasil.
Si bien el debate económico se centra frecuentemente en las supuestas restricciones que imponen los sellos negros a la producción, una mirada macroeconómica aporta datos críticos para el futuro cercano. Mauro Brero, asesor en alimentación de Unicef Global, subrayó que la inacción frente a la proliferación de productos ultraprocesados representa una pesada carga financiera para el Estado.
Investigaciones a nivel global indican que cada infante con sobrepeso u obesidad implica para la sociedad un costo aproximado de 200.000 dólares. A escala macroeconómica, este fenómeno se traduce en una disminución de productividad y un aumento de la morbilidad y mortalidad, lo que acarrea una pérdida cercana al 1% del PBI anual de los países.
“Hemos mejorado en cifras de desnutrición, particularmente en los niños más pequeños”, apuntó, destacando que en la actualidad hay casi 60 millones de niños menores de 5 años menos que padecen desnutrición en comparación con el año 2000. Sin embargo, advirtió que en ese mismo lapso—es decir, en los últimos 25 años—el número de niños y adolescentes con obesidad a nivel mundial se ha triplicado, afectando a 188 millones de personas de entre 5 y 19 años, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 10 menores en el mundo.
En el caso de Argentina, el país ocupa el tercer puesto en América Latina en cuanto a la prevalencia de exceso de peso en niños menores de 5 años, según un informe de Unicef que destaca la importancia de promover entornos alimentarios saludables. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019 reveló que el 41,1% de la población infantil de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso.
Este tema fue analizado en un seminario moderado por Verónica Risso Patrón, oficial de Nutrición de Unicef Argentina, quien señaló que el consumo de alimentos saludables está por debajo de las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina. Al mismo tiempo, los productos ultraprocesados, que contienen altos índices de sal, sodio y grasas, constituyen más del 35% de la ingesta energética diaria de los niños, mientras que el consumo de frutas y verduras no supera el 20% de lo recomendado, según un informe conjunto de Unicef y FIC Argentina en 2023.
En este contexto, el Poder Ejecutivo ha mostrado intenciones de derogar la norma, mientras que el Congreso evidenció poco interés en abordar el tema, ya que ningún bloque político contempla un tratamiento inmediato ni encuentra justificación científica para una derogación total. En consecuencia, la verdadera estrategia de revisión se ha desplazado hacia las oficinas técnicas del Mercosur.
Luciana Castronuovo, directora de proyectos de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), alertó sobre las negociaciones para armonizar el Reglamento Técnico sobre Rotulado Nutricional, reactivado en abril de 2025. Este debate es impulsado por el Grupo de Mercado Común (GMC), integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Bancos Centrales, entidades que tradicionalmente están al margen de la salud pública. Las discusiones técnicas son gestionadas por el Subgrupo de Trabajo 3 (SGT 3), que busca eliminar obstáculos técnicos al comercio.
Formalmente, la delegación argentina está encabezada por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, a través del Área de Obstáculos Técnicos al Comercio, que forma parte de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos. Sin embargo, las negociaciones revelan una postura oficial de mayor flexibilización, alineándose con las demandas de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Fuentes cercanas a las comisiones de negociación han indicado que Argentina ha presentado una propuesta intermedia: si ceder el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) facilita la armonización con otros países, el gobierno local está dispuesto a aceptar este cambio. Esta intención busca alinearse con el modelo brasileño, que se basa en criterios gráficos y umbrales fijos por cada 100 gramos o mililitros, considerado como el enfoque más laxo y permisivo de la región.
El riesgo de este giro radica en que el sistema de la OPS, adoptado por la legislación argentina, calcula los excesos en función del porcentaje de calorías, siendo el más eficaz para identificar la baja calidad nutricional. “Si se adopta el criterio de gramos por mililitros, se puede permitir que una bebida azucarada, compuesta únicamente por azúcar, no contenga el sello según el modelo de Brasil o Uruguay”, advirtieron los especialistas de FIC, quienes enfatizaron que este cambio podría hacer que la mitad de las bebidas azucaradas queden exentas de advertencias en las góndolas, transformándolas en “calorías vacías” sin supervisión.
Una de las paradojas de esta flexibilización es que la industria nacional ya ha asimilado los costos de adaptación. Aunque algunos sectores industriales abogan por la derogación, el debate también destaca que, a casi tres años de la implementación total de la ley, las pequeñas empresas han realizado significativas inversiones en el rediseño de empaques y mejoras en ingeniería alimentaria.
Un estudio realizado por Gabriela Reyna, directora de Nutrición Escolar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, revela un proceso generalizado de reformulación. Marcas líderes han retirado azúcares de productos como yogures y leches chocolatadas para suprimir los octógonos de advertencia o mantener sus personajes infantiles. Este fenómeno ha alcanzado incluso a pequeños productores en regiones como Catamarca, donde las pymes han invertido capital específico para ajustar sus recetas y mantener el estatus de proveedores habilitados para el abastecimiento a entornos escolares.
Por esta razón, aquellos que defienden la vigencia de la ley sostienen que obligar a las empresas a modificar sus envases nuevamente ante una nueva normativa regional no solo afectaría la seguridad jurídica, sino que también implicaría un gasto innecesario en la reinversión de etiquetado.
Además, especialistas en salud advierten que ceder ante el Mercosur podría crear un vacío legal peligroso: el bloque regional sólo está discutiendo aspectos gráficos y perfiles de tolerancia del rotulado, y si la ley nacional se anula bajo el pretexto de armonización regional, se extinguirían automáticamente regulaciones fundamentales, como la prohibición de publicidad de productos ultraprocesados dirigidos a niños y la regulación de entornos escolares saludables.
Este riesgo ya tiene un precedente, como señalara FIC, al rememorar que, a finales de 2024, la ANMAT adoptó una resolución interna que relajó la fiscalización, estableciendo que solo se evaluarían los nutrientes críticos que la industria ha añadido artificialmente, dejando así sin control los excesos intrínsecos de los ingredientes naturales.
Siguiendo las normas del Protocolo de Ouro Preto, las resoluciones del Mercosur tienen una jerarquía superior y obligan a los Estados a adoptarlas, resaltó Castronuovo. Por ello, la defensa técnica que realice la Secretaría de Comercio frente a sus pares del Cono Sur será crucial para determinar si el país mantendrá su estándar de protección o si cederá ante las demandas del mercado.
