La decisión fue tomada por el fiscal Juan Menucci y alcanzó además al exsecretario de Coordinación, Oscar Negrelli; a la exresponsable de Planeamiento Urbano, María José Botta; y a la exdirectora general de Planeamiento, Marcela Rogg.
La imputación no implica una declaración de culpabilidad, sino el avance de una investigación sobre resoluciones emitidas entre 2015 y 2023 que, según la acusación, habrían permitido urbanizaciones sin contar con la correspondiente validación legal y técnica. El expediente sostiene que esos procedimientos habrían incumplido una disposición del gobierno bonaerense que impedía autorizar nuevos desarrollos sin las autorizaciones requeridas y que podrían haber generado un perjuicio para las arcas municipales.
Las presuntas irregularidades se habrían mantenido durante la gestión de Garro, pese a las restricciones que ya habían sido señaladas durante la administración de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
La denuncia fue presentada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la Secretaría de Justicia municipal. El planteo solicitó investigar una posible falta deliberada de controles para garantizar el cumplimiento de las normas, entre ellas la eventual omisión de objeciones formuladas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano. También se pidió analizar desarrollos ubicados en áreas alcanzadas por normas de protección ambiental.
Según información del municipio, los loteos cuestionados alcanzarían a unos 450 barrios y comprenderían miles de terrenos. Garro, en cambio, sostiene que los desarrollos involucrados serían solamente nueve.
Al presentar la denuncia, Alak calificó la situación como una “cadena delictiva” y señaló que el municipio ya había dado de baja más de la mitad de los desarrollos alcanzados por el nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Según explicó, esa medida frenó numerosos proyectos, aunque algunos terrenos continúan ofrecidos a la venta.
El intendente también advirtió sobre la posibilidad de que las personas afectadas por los cambios en los desarrollos presenten demandas contra el Estado municipal y los funcionarios que pudieran resultar involucrados.
La investigación comenzó bajo la intervención del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien inicialmente no avanzó con el expediente. Ante esa situación, el municipio pidió su apartamiento. Posteriormente, la causa pasó a manos del fiscal Juan Menucci, quien esta semana resolvió imputar a Garro y a los demás exfuncionarios.
Garro rechazó las acusaciones y sostuvo que durante su gestión no se autorizó ningún desarrollo sin una ordenanza municipal. También afirmó que la investigación comenzó en 2024 y que, según su postura, hasta el momento no se habían encontrado irregularidades. La defensa atribuyó el nuevo avance de la imputación al cambio de fiscal que intervino en el expediente.
